Sociedad

Aval del Congreso al «decreto del aprobado general»

La oposición acusa a Celaá de «aplicar el rodillo» y crear desigualdad educativa

El Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al decreto que rebaja la demanda para amoldarse a la situación de la pandemia y deja a las autonomías mas, sobre todo, a cargo de los equipos enseñantes, que apliquen el criterio que consideren a fin de que los pupilos pasen de curso hasta el punto de que los estándares de aprendizaje van a ser orientativos.

El decreto, convalidado esta noche con los votos contra Partido Popular, Cs , Vox y UPN, deja que los pupilos puedan pasar de curso y titular con suspensos si se han adquirido por lo menos los objetivos generales de la etapa y los equipos enseñantes estiman que los pupilos pueden proseguir con su recorrido académico sin inconvenientes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió las medidas inusuales que, realmente, son casi exactamente las mismas que se aplicaron en el último trimestre del curso precedente y también hizo hincapié en uno de los aspectos que más se ha criticado de la nueva regla, como es que se pueda conseguir el título de Bachillerato con suspensos. «Afirmar eso es falso. La resolución de titulación se va a hacer tras asegurar la adquisición de los conocimientos de cada etapa», sentenció. Asimismo justificó la posibilidad de que haya profesores que, excepcionalmente solo este curso puedan acceder a dar clases sin el máster habilitante con el razonamiento de que «lo habían pedido repetidamente las comunidades autónomas para hacer un refuerzo de las plantillas en condiciones de seguridad».

Mas los razonamientos de la ministra no persuadieron a los partidos de la oposición. Óscar Clavel, por el Partido Popular, la acusó de «hacer dejación de funciones y aprovechar la ocasión para bajar el nivel y de esta forma adelantar su ley de Educación». Lamentó que las medidas fuesen una «vuelta al aprobado general» y de que «no garanticen la igualdad de la educación con unos criterios comunes».

En exactamente la misma línea, la portavoz de Cs, Marta Martín, acusó a la ministra de «aplicar el rodillo» en el procedimiento empleado y de «generar desigualdades» en materia educativa entre las comunidades autónomas. Asimismo se quejó de que se eliminen las evaluaciones de diagnóstico del sistema en un instante clave como el presente. Martín no escondió su indignación por el hecho de que no se vaya a contar con la opinión de la comunidad educativa en el Congreso para la reforma de la «ley Celaá». «Esto es autoritarismo», afirmó. Y lamentó las «prisas» por gestionar la regla al sostener la comisión de Educación pasadas las veintiuno horas de el día de hoy, cuando acabó la sesión plenaria.

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