Directiva Whistleblowing. Las compañías se preparan para resguardar a los «chivatos»
Economía

Directiva Whistleblowing. Las compañías se preparan para resguardar a los «chivatos»

Si es conocedor de que su empresa efectúa algún género de actividad fraudulenta, tal vez haya sentido por igual la obligación de denunciar la situación y el vértigo de hacerlo por el temor a padecer algún género de represalia. En E.U., la protección de estos «chivatos» se ha configurado en un factor esencial para la lucha contra la corrupción, la revelación de cárteles y la investigación de irregularidades empresariales, como resaltan los abogados de Cuatrecasas Lara Vivas y Álvaro Fernández en un artículo a este respecto publicado en el weblog del bufete de abogados. De ahí que, era cuestión de tiempo que este blindaje llegara a España. Y el tiempo ha llegado. El mes pasado de octubre, el Consejo de la UE aprobó la directiva para la protección de las personas que notifiquen sobre infracciones del Derecho de la Unión, famosa como Directiva Whistleblowing (del inglés whistleblower o bien denunciante). Si bien quince estados de la Unión Europea ya tienen mecanismos para resguardar esta figura, España no se halla entre ellos.

A grandes líneas, la regla establece que las compañías de tengan un mínimo de cincuenta empleados y todas y cada una de las administraciones (con la salvedad de los municipios de menos de diez.000 habitantes) van a deber incorporar cauces y procedimientos internos reservados de demanda y de tramitación de demandas. Además de esto, resguarda a los empleados, asociados, becarios, autónomos, distribuidores o bien clientes del servicio actuales o bien pasados de una compañía o bien corporación que denuncien un hecho fraudulento, que van a estar blindados frente a una suspensión, despido, destitución, humillación o bien denegación de ascenso. Tampoco se les van a poder alterar las condiciones laborales como sitio, puesto, horario o bien sueldo, rechazar capacitación, valorar de forma negativa, imponer medidas disciplinarias, coartar, amedrentar, hostigar o bien discriminar. Aun en el caso de tener un contrato temporal, se comprenderá como protección la obligatoriedad de transformarlo en indefinido, prohibiendo la no renovación o bien finalización adelantada de la relación laboral. En el de ser usuario o bien distribuidor, la protección del denunciante prohíbe los daños, incluyendo los reputacionales, o bien pérdidas económicas, de negocio o bien de ingresos, como la inclusión en «listas negras», la cancelación de contratos, licencias o bien permisos y la divulgación de datos médicos o bien siquiátricos.

Demandas

La directiva se va a aplicar cuando se denuncien infracciones en la contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y seguridad del producto, alimenticia o bien del transporte. Asimismo sobre la protección del medioambiente, en frente de las radiaciones y seguridad nuclear, salud pública, protección del consumidor y de la privacidad y datos personales.

Si bien los estados disponen aún de un par de años para transponer la directiva a su legislación, ciertas multinacionales ya crean divisiones de investigación interna, conforme explicó hace unas semanas el asociado de Laboral del bufete de abogados Pérez-Llorca, Luis Enrique Fernández, en unas jornadas organizadas por la patronal CEOE sobre esta directiva.

Pese a que, en líneas generales, la medida es valorada de forma positiva por los especialistas, ciertos de sus aspectos asimismo les producen dudas. En otra jornada organizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el mes pasado de octubre, Joan Llinares, directivo de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, advirtió de que la directiva solo protege a personas que tengan alguna vinculación laboral con la persona o bien empresa denunciada, dejando fuera a los ciudadanos perjudicados. En exactamente las mismas jornadas, Rosa María Sánchez, directiva de Servicios de Análisis de la Oficina para la Trasparencia y las Buenas Prácticas del Municipio de Barna, expresó su preocupación sobre el tratamiento que hace la directiva del anonimato, que queda al arbitrio de cada Estado. Además de esto, objetó sobre el nulo pronunciamiento sobre los efectos retroactivos de la normativa, que deja en situación de desamparo y sin reconocimiento alguno a quienes ya han sufrido las consecuencias de haber denunciado corrupción. Lidón Sánchez, Compliance Officer de Telefónica, puso el énfasis en el reto que va a suponer para las pequeñas y medianas empresas su aplicación.

En EE UU, desde dos mil diez ya se contempla la posibilidad de percibir recompensas económicas de entre el diez por ciento y el treinta por ciento de lo colectado desde la demanda efectuada. Los especialistas piensan que el pago por las informaciones es una alternativa a valorar.

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