Economía

dos mil veintiuno, el año de la avalancha de quiebras empresariales

«La moratoria concursal actual hasta el treinta y uno de diciembre del actual año y las restricciones de la actividad judicial a lo largo del estado de alarma han producido una minoración concursal, que es un reflejo irreal sobre la salud de nuestro tejido empresarial». Aviso a nautas del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, para los que tiran de optimismo sobre la minoración estadística a lo largo de los últimos meses de las insolvencias y los concursos de acreedores. Conforme los economistas, son solo fruto de la «paralización de los procesos y de las limitaciones económicas y sociales» sufridas tanto por la población como por las compañías, no debido a una mejora ostensible de las condiciones empresariales y económicas.

Las previsiones para dos mil veinte puestas encima de la mesa por los economistas presentan, hasta junio del año vigente, descensos en el número de concursos –un veintiocho con siete por ciento menos en empresas y un treinta y seis con seis por ciento menos para el caso de concursos de personas físicas–. Mas informan de que, de ahora en adelante, se marcha a generar una «avalancha» de procesos concursales.

En términos globales y a nivel del mundo se prevé que el índice de insolvencia para dos mil veintiuno sea del treinta y cinco por ciento , siendo España, con un aumento en torno al cuarenta por ciento , uno de los países con un porcentaje más alto y ocupará el octavo puesto mundial. «Ahora más que jamás, asistir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, como de mediación y segunda ocasión, es clave para la preservación de nuestro panorama productivo y para disminuir al mínimo los efectos de la descompresión concursal tras la moratoria», defiende Pich, ya antes de advertir que «el punto de cambio de las insolvencias en dos mil veinte por las derivaciones económicas de la pandemia hace prever que las estadísticas concursales del año vigente y asimismo de dos mil veintiuno presentarán importantes diferencias en alza respecto de la evolución que han venido teniendo los datos hasta ahora».

El Consejo General de Economistas de España presentó el día de ayer su Atlas Concursal dos mil veinte, que realiza el Registro de Economistas Forenses (Refor) –órgano experto en materia de insolvencias–, que recoge datos oficiales hasta dos mil diecinueve, si bien no ha querido obviar las citadas previsiones para este año y el que viene. Conforme el informe, al cierre de dos mil diecinueve las variables concursales «no presentan cambios significativos con respecto a años anteriores», con un ligero incremento del tres por ciento en el total de concursos respecto de dos mil dieciocho (de cuatro mil trescientos treinta y dos en dos mil dieciocho a cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro en dos mil diecinueve). Esto quiere decir que solo el 0,13 por ciento de las compañías españolas asistieron al concurso, más o menos una de cada ochocientos empresas.

Resalta asimismo la Refor que autónomos y pequeñas y medianas empresas prosiguen siendo remisos a emplear la fórmula concursal para solucionar sus insolvencias y optan la mayor parte de las veces «por el cierre de sus negocios». Conforme sus datos, el número de concursos de autónomos, micropymes y pequeñas empresas tuvo un ligero incremento del dos con cuarenta y siete por ciento en dos mil diecinueve respecto de dos mil dieciocho –de tres.772 en dos mil dieciocho a tres.865 en 2019–. A pesar de su levedad, puede ser un indicador de un cambio de tendencia frente al descenso que se venía generando desde dos mil quince en esta clase de empresas. Diferente evolución mostraron los datos sobre concursos de personas físicas en dos mil diecinueve. Aunque este recurso venía teniendo aumentos interanuales en una horquilla entre el treinta y ocho por ciento y el cincuenta y seis por ciento de dos mil quince a dos mil dieciocho, en dos mil diecinueve solo aumentaron un tres,3 por ciento respecto de dos mil dieciocho –de dos mil sesenta y seis a 2.135–. Conforme la Refor, este hecho puede deberse a que la segunda ocasión «no experimenta el grado de utilización que debiera» en estos colectivos. Para Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, esto tiene una clara explicación. «Porque es costoso y las deudas contraídas proceden de créditos públicos que son de pago obligado. Además de esto, la mayor parte son personas físicas y responden de las deudas personalmente con sus recursos presentes y futuros».

Los economistas se atreven asimismo a dar una proyección sobre el número de concursos de acreedores que se podrían registrar en dos mil veintiuno, cincuenta peticiones, un desarrollo exponencial del cuarenta por ciento relacionado directamente con la crisis sanitaria y con el objetivo de la moratoria concursal. La Refor prevé que el índice de insolvencia global en los países desarrollados alcance el año próximo el treinta y cinco por ciento , con la mitad de los países registrando marcas no vistas desde la crisis financiera de dos mil nueve.

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