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duplicidades, tipos penales inexistentes y mala redacción

Duplicación de artículos de leyes en vigor, invasión de competencias autonómicas, redacción confusa, técnica legislativa inapropiada… Con esas y afines descalificaciones, el Ministerio de Justicia ha elaborado un informe en el que propina un genuino golpazo al anteproyecto de ley de Libertad Sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que ahora va a deber pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado ya antes de comenzar su tramitación parlamentaria.

Las profundas discrepancias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sobre la ley que se ha dado en llamar del «sólo sí es sí», en referencia al permiso explícito en las relaciones íntimas, han alcanzado su culmen en las últimas cuarenta y ocho horas, una vez que el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseverase el martes que «en las disculpas técnicas [del Ministerio de Justicia] hay mucho sexista frustrado». El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le dio el día de ayer la réplica: «Hay ministerios un tanto más secos, como Hacienda o bien Justicia, que nos ponemos tiquismiquis a fin de que las leyes que salgan del Gobierno sean lo más perfectas posibles».

Complicación normativa

El informe de Justicia, que adelantó la Cadena Ser, está infestado de aseveraciones del tipo «la nueva redacción es innecesaria», «el último parágrafo no se comprende», «no está claro a qué se refiere el precepto»… El documento apunta que hay veinticinco artículos del texto elaborado por Igualdad que «prácticamente reproducen artículos de leyes vigentes», cuestión que «choca de forma directa con las políticas de simplificación normativa o bien de depuración del ordenamiento jurídico». Y añade: «Se suplica de forma encarecida su estudio nuevamente de forma apacible, puesto que la extensión a violencia sexual no es tal, puesto que dichos artículos recogen supuestos que van alén de la violencia de género».

El anteproyecto de ley, sigue Justicia, «incluye tipos penales inexistentes como tales: extorsión sexual, que podría comprenderse como ‘sexting’, acoso, coartes… o bien engaño pederasta, que podría corresponderse con el ‘grooming’». Además de esto, hay artículos que «entran en contradicción con las definiciones y con el objeto de la ley, de tal modo que no queda claro el campo de aplicación de muchos preceptos, muchos de los que se aplican a hombres y a mujeres, otros solo a mujeres. No queda claro qué preceptos, si alguno, se aplican a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual».

Asimismo critica Justicia la existencia de una «pléyade de artículos de alcance autonómico en materia de asistencia social, educación, derecho civil, residencia, entre otros muchos, que complicarían su tramitación por ser controvertible la existencia de título estatal por mucho que se invoquen en la predisposición (…). Una vez asumidas las competencias a través de su inclusión en los Estatutos [de autonomía], su atribución a la comunidad autónoma es definitiva». Conforme el criterio de Justicia, «no resulta conveniente la técnica legislativa empleada para abordar los múltiples cambios normativos que se incorporan».

Sin garantía de aplicación

El informe desacredita, del mismo modo, el contenido de ciertos artículos del anteproyecto, como el doce, que «contiene una redacción confusa y difícilmente entendible del objeto de la ley»; o bien el cuarenta y cinco, que «se refiere a las unidades de valoración forense integral como adscritas a los juzgados de violencia sobre la mujer. Debería eliminarse esta mención por cuanto las citadas unidades no están adscritas a los juzgados de violencia, sino más bien a los institutos de medicina legal». O bien el artículo veinticuatro, cuya redacción «resulta confusa por lo que respecta a la capacitación continuada de jueces en materia de género y su trascendencia en materia de ascensos a la categoría de juez, al ponerse al mismo nivel que la especialización en ciertos órdenes jurisdiccionales».

En lo que se refiere a las «observaciones generales a la norma», Justicia mantiene que «de una gran parte del articulado se extrae la conclusión de que nos hallamos frente a una regla programática, o sea, una regla que no contiene proposiciones imperativas ni establece mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino se restringe a elaborar un programa de actuación, criterios o bien orientaciones de política legislativa, o bien a declarar derechos cuya consagración terminante precisaría de concreción normativa de desarrollo posterior».

Además de esto, Justicia aconseja a Igualdad «revisar la terminología a lo largo del texto para, dentro de lo posible, emplear palabras admitidas por el diccionario de la Real Academia Española», y cita expresiones como interseccional, autodetermina, revictimizar… Y advierte que el anteproyecto «se calificó en una primera versión, en conjunto, como ley orgánica. No obstante, solo parte de sus preceptos tienen ese carácter. Ahora se procede a su catalogación como ley integral, mas con disposiciones finales de rango orgánico y que afectan a múltiples leyes orgánicas vigentes».

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