El Gobierno acepta la política económica de Podemos
Economía

El Gobierno acepta la política económica de Podemos

Calviño no ve “conflicto” con Unidas Podemos en materia económica. La experiencia de los pactos entre socialistas y podemistas en múltiples autonomías abren la puerta a más impuestos, más gastos y más intervencionismo

El “pacto del abrazo” ha llenado de inseguridad a la mayor parte de estamentos económicos, financieros y empresariales del país, que temen un giro populista a las políticas que pueda hacer un Gobierno Partido Socialista-Podemos si por último sale adelante. Múltiples ministras, primordialmente Nadia Calviño, llevan múltiples semanas multiplicándose en diferentes foros de discusión y asambleas en una campaña de tranquilización general. Mas no semeja que hayan logrado su propósito. Sobre todo a juzgar por las últimas declaraciones de Calviño. La ministra de Economía y Empresa en funciones recalcó el día de ayer que no ve “conflicto con las políticas en materia económica” planteadas por Unidas Podemos y se limitó a rememorar los puntos del preacuerdo subscrito por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder podemita, Pablo Iglesias: disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda, y las políticas sociales. No obstante, si proseguimos el ejemplo de lo que han hecho en las comunidades autónomas en las que gobierman juntos, la realidad puede ser realmente diferente. Avalancha de subidas de impuestos, control del mercado de la residencia, tasas verdes con la disculpa de combatir contra el cambio climático, subida del IRPF a las rentas más altas, aumentos de impuestos sobre Patrimonio y Sociedades, nuevos impuestos verdes, tasas turísticas y, sobre todo, desarrollo exponencial del gasto. Ese el panorama que por el que apuestan ahora en las autonomías bajo su control.

Una presión fiscal récord

La pretensión de Pedro Sánchez es que la presión fiscal pase del treinta y cinco con uno por ciento al treinta y siete con tres por ciento del Producto Interior Bruto, lo que supone un aumento de más de veintiseis millones de euros y la mayor presión fiscal de la historia de España, por encima aun del récord marcado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y no solo lo va a hacer con el incremento de las propuestas impositivas directas –las citadas Sociedades, Patrimonio, IRPF de las rentas más altas, Sucesiones…–, sino el golpe al bolsillo lo va a hacer en el apartado de impuestos indirectos y tasas verdes, aparte de nuevos impuestos como las tasas Google y Tobin. Con estos tributos indirectos espera un aumento de colecta próximo a los cinco mil setecientos millones. Esta mayor presión fiscal es un principio compartido por las dos formaciones y “la mejor manera de articular todos estos objetivos”, afirmó el día de ayer en Barna, en un acto en el Supercomputing Center, en el que defendió la política económica desarrollada por el Gobierno socialista desde hace año y medio. “Tenemos una agenda clarísima basada en la responsabilidad fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales”. Exactamente sobre este último punto afirmó que “no hay tiempo que perder” para arrancar una agenda de reformas que deje abordar desafíos y también inversiones de futuro como el cambio climático, la digitalización o bien la educación, y que, aseguró la ministra, van a estar en la política económica del Gobierno. Lo que prosiguen sin explicar es de qué manera lo van a hacer. Pues tras el anuncio del pacto no esbozaron de forma clara las líneas básicas de su programa, mas el “pacto del Botanic” en Valencia o bien el “pacto de Bellver” en Baleares ya han marcado el camino a seguir: más presión fiscal, más gasto y mayor intervencionismo, las 3 patas del banco de la política socialcomunista.

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