Nacional

El Gobierno deja a las comunidades autónomas administrar la “nueva normalidad”

Certificado el paso a fase tres de una una buena parte de España al Ejecutivo de Sánchez se le presenta ahora una compleja encerrona jurídica si por último cumple su promesa de devolver a los presidentes autonómicos el estatus de autoridad eficiente del Estado en sus respectivos territorios. De hecho el artículo siete de la Ley Orgánica del Estado de Alarma de mil novecientos ochenta y uno establece que «a efectos del estado de alarma la autoridad eficiente va a ser el Gobierno [central] o bien, por delegación de este, el presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte únicamente a todo o bien una parte del territorio de una comunidad». Al haberse declarado el estado de Alarma en todo el territorio nacional y no es una zona determinada, si por último Sánchez devuelve sus competencias a los presidentes autonómicos de del País Vasco, Canarias, Cantabria, Navarra, Murcia, Melilla, La Rioja, Galicia, Extremadura, Baleares y Aragón, se estaría vulnerando la ley conforme han confirmado a este diario soluciones juristas consultados sobre este extremo.

Es el caso del catedrático de Derecho Administrativo Miguel Ángel Recuerda, que, destaca la relevancia de la palabra «exclusivamente» en el artículo siete de la Ley Orgánica del Estado de Alarma de mil novecientos ochenta y uno convocado anterioremente. Su opinión es que mientras que la declaración del estado de alarma afecte a todo el territorio nacional la autoridad eficiente es el Gobierno. La devolución de las competencias a las comunidades autónomas se generará cuando concluya el estado de alarma. Sin embargo, el Gobierno podría declarar un estado de alarma limitado a un determinado campo territorial, y el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados podría del mismo modo constreñir en su autorización la extensión territorial del estado de alarma.

En la opinión de Recuerda, la cogobernanza en el estado de alarma es un término de bastante difícil encaje con la Ley Orgánica 4/1981, puesto que dicha ley impone la subordinación de todas y cada una de las administraciones públicas (no solo de las comunidades autónomas) al poder del Estado, a menos que se acepte que cogobernar consiste en que las comunidades plantean y el Estado dispone. Conforme defiende, la cogobernanza en el estado de alarma es un término más político que jurídico para dar participación a las comunidades autónomas que, por otra parte, es precisa, mas bajo el mando único. Incide el jurista en que si el Gobierno hubiera considerado posible y oportuno no recurrir al mando único no habría pedido la prórroga del estado de alarma en 6 ocasiones.

Pablo Nuevo, maestro de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba, coincide en que la literalidad del art. siete de la Ley Orgánica semeja que solamente deja declarar a autoridad eficiente al presidente de una Comunidad Autónoma «cuando la declaración afecte únicamente a todo o bien una parte del territorio de una Comunidad». Por consiguiente, no semeja que el Gobierno pueda delegar las facultades propias del Ejecutivo en el estado de alarma -declarado para toda España- a los presidentes de ciertas CC AA. Mas puntualiza: «Sí podría el Gobierno alterar el Decreto por el que declara el estado de alarma, dejando ciertas funciones centralizadas en el Gobierno de la Nación y disponiendo que otras vuelvan a los titulares de las mismas; en este sentido, no se debe olvidar que ciertas funciones que ha asumido el Gobierno corresponden, en tiempos de normalidad, a las administraciones autonómicas». Este jurista estima que en esta problemática, por una parte se ve que la Ley Orgánica del estado de alarma «ha quedado desfasada puesto que es de mil novecientos ochenta y uno, cuando no se había completado el proceso de descentralización política». Asimismo se patentizas «disfunciones» de nuestro Estado autonómico, en el que «el progresivo vaciamiento de competencias del Estado no ha ido acompañado de los instrumentos precisos para una conveniente coordinación con las comunidades autónomas para poder hacer en frente de desafíos de alcance nacional».

La problemática de fondo no es simplemente una simple cuestión técnica puesto que cuestiones tan esenciales como el mando de las policías autonómicas estaría influido por esta encerrona jurídica. Esto es de este modo por el hecho de que el artículo nueve de la citada Ley Orgánica establece que «por la declaración del estado de alarma todas y cada una de las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio perjudicado por la declaración, los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, (…) van a quedar bajo las órdenes directas de la Autoridad competente», que es el Gobierno central si, como es el caso, el decreto de estado de alarma se aprueba para el conjunto del territorio nacional.

Bajo toda esta polémica subyacen las presiones políticas que esta aguantando el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez a lo largo de toda la pandemia puesto que, si prosigue en Moncloa es merced a la abstención de los independentistas de Esquerra Republicana y a los nacionalistas vascos. Esta es la razón que explica que la ministra Portavoz, va a dejar claro el día de ayer que van a ser «las comunidades autónomas las que acaben este proceso de desescalada» para lo que, añadió, van a contar «con toda la ayuda y cooperación del Ministerio de Sanidad». Es por esta razón que los presidentes autonómicos señalados previamente van a ser desde el lunes «la autoridad eficiente encargada, con carácter exclusivo, para la adopción, eliminación, modulación y ejecución de las medidas correspondientes» a la tercera fase «en ejercicio de sus competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que sobrepasen el campo de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada». Ese es el texto preciso que se recoge en la petición de autorización de la sexta prórroga del estado de alarma que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes y el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados acreditó al día después, donde asimismo se abre la puerta a que «sean las propias comunidades autónomas las que puedan decidir, conformemente con criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase tres en las distintas provincias, islas o bien unidades territoriales de su comunidad».

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