El Gobierno fija por ley que las universidades catalanas tengan financiación extra
La reforma de la Ley de Universidades (LOSU) va a ser remitida al Congreso una vez que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley que pretende ser una ley “para los próximos veinte años capaz de contestar a las necesidades actuales que demanda la sociedad”, ha dicho el ministro de Universidades, Joan Subirats.
El documento incluye como una de las novedades el compromiso mínimo de gasto en universidades del 1 por ciento del PIB mas, además de esto, se da la coyuntura de que van a tener financiación extra por ley las universidades que den títulos en catalán. Y es que la utilización de la lengua cooficial o la pluralidad lingüística de los programas va a ser objeto de financiación auxiliar al incluirse en el artículo cincuenta y ocho de la ley sobre financiación estructural o básica. Asimismo van a poder percibir financiación «extra» por necesidades singulares las universidades por la insularidad, dispersión territorial o presencia en el medio rural de sus centros universitarios.
Entre las novedades recogidas en el anteproyecto figura la posibilidad de que cualquier agencia europea o de cualquier comunidad autónoma pueda acreditar la calidad de los estudios que se dan en España de tal modo que deja a la agencia estatal evaluadora ANECA, al filo de la desaparición.
Así, va a poder acontecer que los títulos en catalán, o de cualquier clase, que ponga en marcha la Universidad de Baleares reciban el visto bueno para de la Agencia evaluadora catalana a fin de que se oferten a los pupilos. O va a poder acontecer que una universidad de España recurra a la agencia evaluadora lituana, por ejemplo, si el trámite lo soluciona ya antes que la propia ANECA o la agencia de la comunidad en la que esté instalada, cosa que hasta el momento la legislación no dejaba. El miedo para ciertos especialistas es que esta circunstancia pudiese producir una competencia a la baja y una reducción de la calidad.
La agencia evaluadora catalana hace unos años que viene solicitando al Ministerio la posibilidad de poder acreditar los títulos de Baleares y Valencia de tal forma que con esta reforma legal vería cumplida su solicitud.
La nueva ley incluye la posibilidad de que los pupilos puedan percibir becas por origen étnico. “La concesión de becas corresponderá a criterios socioeconómicos (…) Se pueden establecer bases reguladoras atendiendo a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia sexista y otras formas de violencia contra la mujer, como otras peculiaridades concretas del alumnado”.
El nuevo documento, trata de atajar la precariedad del profesorado. Así, mejoran las condiciones de trabajo del profesorado asociado al transformar sus plazas temporales en indefinidas, una medida de la que se favorecerán más de veinticinco.000 profesoras y profesores asociados y que va a suponer una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del cuarenta por ciento que fija la ley actual al ocho por ciento , conforme los datos que maneja el Ministerio.
Esta estabilización acarrea la mejora de las condiciones de trabajo del personal enseñante e estudioso, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros. Además de esto, se incorporan otra serie de medidas a fin de que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, a través de el reconocimiento de su experiencia enseñante en ciertos concursos a Asistente Doctor o el promuevo contratos predoctorales para quienes deseen incorporarse a la carrera académica.
Se recobra el valor original de la figura de profesor/a Asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de ciento veinte h laborables. No obstante, mientras que mejora la situación del maestro asociado, se incorpora la figura del profesorado Substituto cuya finalidad exclusiva es la de substituir al Personal Enseñante Estudioso con derecho a reserva de puesto que suspenda provisionalmente sus servicios. “De esta forma, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado”, aseguran desde el Ministerio.
Los estudiantes van a tener más control y derechos. Van a ser relevantes en el momento de continuar y demandar la calidad de la docencia y van a tener acceso a la evaluación del profesorado y participarán el Claustro o los Consejos de Capacitad o Departamento, aparte de en los planes de estudio y guías enseñantes. Su participación deberá ser de un mínimo del veinticinco por ciento , cuando en la vieja ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado, si bien se suprime, respecto al precedente boceto que su participación sea “vinculante”.
Los estudiantes van a tener derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Van a tener derecho a atención sicológica y sensible e inclusive van a poder administrar servicios universitarios dirigidos a los pupilos.
La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma los grados van a durar 4 años, salvo cuando haya pactos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese pacto incorpore los 3 años. De este modo, la idea es flexibilizar la duración de los grados para que puedan cohabitar las carreras de 3 años (ciento ochenta créditos, el 3+2) con las de 4 años (doscientos cuarenta créditos, el 4+1), como ocurre en ciertos países europeos, un modelo que ciertos estiman que puede favorecer la internacionalización, si bien hay quien considera que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.
Cualquier universidad, tanto pública como privada, va a deber contar con planes de igualdad, medidas para quitar la brecha salarial y protocolos en frente de todo género de acoso.
Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad van a ser obligatorias y todos y cada uno de los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal van a ser igualitarios (mujeres y hombres). Además de esto, en los concursos se van a poder aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.
La ley prevé que las universidades “cuiden de sus egresados” de tal modo que la relación con la universidad no se acabe en el momento en que un pupilo sale de la universidad con su título bajo el brazo. Los viejos pupilos “tendrán prioridad para actualizar sus estudios a fin de que cuando se consigue la licenciatura no se acabe el contacto”, ha dicho el ministro.
El Gobierno busca una ley que mire a Europa. Por eso, el proyecto de LOSU prevé que el Gobierno, Comunidades autónomas y universidades realicen estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Se trata, además de esto, de establecer coaliciones universitarias europeas de tal forma que haya títulos compartidos.
Pasa a ser una prioridad la movilidad internacional del alumnado, del Personal Enseñante Estudioso y del PAS.
Además de esto, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al terminar los estudios universitarios de grado, máster o postgrado, se va a poder optar a un visado de un par de años para hacer prácticas o trabajar.
La LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función está dirigida a atraer profesorado de prestigio académico e estudioso, tanto nacional como extranjero.
Las universidades van a dar microcredenciales, esto es, programas de corta duración a los que se va a poder acceder con otro título precedente o sencillamente con experiencia profesional. Se trataría de títulos propios que dan entre treinta y cuarenta CTS. El ministro ha detallado que sobre este tema hay un discute en toda Europa por el hecho de que hay un claro desajuste entre la capacitación que se da y las necesidades de las compañías.
La ley prevé una universidad “abierta a todas y cada una de las edades”. Ahora solo el seis por ciento de los universitarios tienen más de treinta años y el reto es llegar al mayor número posible de personas con independencia de su edad.
Subirats piensa que ahora las universidades tienen el reto de la digitalización mas, a la vez, hay que “resignificar” la presencialidad por el hecho de que “las universidades han sido un sitio de contacto entre profesores y pupilos y entre estudiantes, mas no se puede abandonar a la presencialidad como factor esencial”.
El Ministerio ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal modo que una persona que comienza sus estudios de doctorado va a poder tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no hallaba estabilidad ya antes de los cuarenta y seis años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.
El acceso a la carrera se efectuará con la figura del Asistente Doctor, con un contrato de seis años (en vez de los cinco de la LOU). Para esta figura no va a ser precisa la acreditación y se va a acceder por concurso público. Pasados estos seis años se va a poder lograr la estabilización mediante las figuras de Titular de Universidad o de Permanente Laboral, a través de la acreditación pertinente y un concurso público. La tercera etapa va a ser la de promoción a la figura de catedrático.
Los profesores van a ser sometidos a evaluaciones cualitativas y cuantitativas, tendrán presente el acceso abierto, el impacto territorial, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las peculiaridades de cada disciplina académica. Para eludir prácticas endogámicas, se ha previsto que en todos y cada uno de los concursos públicos la universidad convocante esté en minoría y los miembros van a ser elegidos por sorteo.
Los enseñantes, además de esto, deberán efectuar un curso de capacitación pedagógica en el primer año de acceso, del mismo modo que ocurre para poder dar clases en etapas no universitarias.
La ley da libertad a cada universidad a fin de que escoja el sistema de elección de rector que considere y suprime la obligación de que deba ser catedrático. Se va a poder ostentar el cargo de rector a lo largo de un máximo de 6 años “improrrogables y no renovables”.
En lo que a gobernanza y estructuras se refiere, plantea 4 estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El claustro va a ser el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria y deberá asegurar siempre y en toda circunstancia un veinticinco por ciento de mínimo de representación del alumnado, como una representación del cincuenta y uno por ciento para el personal enseñante e estudioso. Además de esto, se afianza el Consejo de Estudiantes en todos y cada universidad.
Las universidades van a tener autonomía para la definición de sus estatutos así para la creación de otras estructuras en departamentos y facultades.
Las unidades de diversidad van a deber contar con un servicio de atención a la discapacidad y contar con de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra
Se establece asimismo un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de trabajo público, las universidades van a deber facilitar la lengua de signos como promover estudios propios amoldados a personas con discapacidad intelectual o de otra clase.
La LOSU pretende que la ciencia sea abierta a la ciudadanía como un factor esencial. Todas y cada una de las publicaciones van a ser alcanzables por el hecho de que “es esencial que las universidades no solo charlen de trasferencia, sino más bien de intercambio entre la sociedad y las universidades”.