El Gobierno lanza un órdago a la Junta Electoral con otro decreto social
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El Gobierno lanza un órdago a la Junta Electoral con otro decreto social

El Gobierno presentó el día de ayer sus alegaciones a la solicitud del Partido Popular a la Junta Electoral Central (JEC) de suspender la divulgación, por cualquier medio, de los decretos leyes -considerados «electoralistas»- aprobados por el Consejo de Ministros a lo largo del periodo electoral que se abrió desde que el pasado martes cinco de marzo se disolviesen las Cortes y se convocasen los comicios del veintiocho de abril. La Segregaría de Estado de Comunicación considera «desproporcionada» y «contraria al ordenamiento jurídico» la solicitud del partido de Pablo Casado de enmudecer las conferencias de prensa de cada viernes en Moncloa. Ya antes de exponer los motivos para el fichero de la causa, desde el Ejecutivo se encargan de desacreditar la intención del Partido Popular asegurando que ninguna de las actuaciones a las que se refiere la reclamación han tenido sitio tras la convocatoria de elecciones y, por tanto, de que arrancara el proceso electoral. Tilda la reclamación de «carácter futuro y contingente, que va a poder ocurrir o bien no». No obstante, seguro va a suceder puesto que el Consejo de Ministros aprobará el día de hoy otro decreto social, el se refiere al control horario de la jornada de trabajo y a las posibilidades para los desempleados mayores de cincuenta y dos años. 2 de las medidas estrella de Trabajo, que no pudieron ver la luz en los malogrados Presupuestos Generales del Estado. La ministra Magdalena Valerio comparecerá, en consecuencia, esta mañana en Moncloa para especificar las «medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral», un tema muy discutido, puesto que el paro es el primordial inconveniente para el sesenta con seis por ciento de los españoles, conforme el CIS.

Con esta iniciativa, el Gobierno lanza un órdago a la Junta Electoral Central que se reunirá el lunes próximo para estudiar si dan curso o bien archivan la intención del Partido Popular. En el escrito que han remitido a la JEC, en Moncloa arguyen, entre otros muchos motivos, que estas comparecencias son «en absoluto comparables a las campañas institucionales de tipo ‘convencional’», cuya prohibición viene recogida en el artículo quinientos dos de la LOREG («acto organizado o bien financiado de forma directa por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o bien a los logros conseguidos por los poderes públicos»). «Las conferencias de prensa siguientes al Consejo de Ministros forman, en definitiva, una práctica institucionalizada (…) que resulta incompatible con su consideración como ‘campañas’ de información», apunta el Ejecutivo.

El Gobierno aduce que acallar estas comparecencias supondría un atentado contra el artículo veinte de la Constitución, lo que sería una «quiebra del derecho a comunicar y percibir con libertad información veraz». Desde la Segregaría de Estado de Comunicación recuerdan, también, que en periodos electorales precedentes se festejaron «con normalidad conferencias de prensa, siguientes al Consejo de Ministros, en las que se notificó de las medidas que se habían adoptado, entre ellas, reales decretos-leyes» sin que exista perseverancia de que «manifestaciones de esta clase hayan generado jamás la intervención de la Junta Electoral Central». Específicamente, cuentan múltiples ejemplos a lo largo de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (dos mil once) y de Mariano Rajoy (dos mil quince y dos mil dieciseis) en los que, con las Cortes ya disueltas, el Consejo de Ministros dio cuenta en público de estas ideas. Explican que el propósito primordial de estas conferencias de prensa es «informar de las medidas que han sido adoptadas por el Gobierno» y que «ni la Constitución ni la LOREG limitan el efectivo ejercicio por la parte del Gobierno de dictar decretos-leyes a lo largo de los periodos electorales». Aparte de que esta actividad institucional «no puede quedar suspendida a lo largo del trascurso electoral», el Ejecutivo asimismo esgrime que, en cualquier caso, solo el Tribunal Constitucional tiene potestad para supervisar y perseguirlos.

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