El Gobierno solo ha distribuido el veintidos por ciento de los fondos europeos comprometidos y apenas adjudica el cincuenta por ciento
La ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Restauración sigue amontonando retrasos y falta de ejecución presupuestaria, contra lo que ha protegido hasta el momento el Ejecutivo, que aseguraba a mediados del año pasado que la inversión de estos fondos tomaría «velocidad de crucero» en el segundo semestre de dos mil veintidos. Puesto que a juzgar por las cantidades, se confundía. De los fondos gestionados de forma directa por la Administración Central, solo habrían llegado a la economía real unos once millones de euros, mediante las convocatorias de subvenciones y licitaciones estatales ya resueltas, esto es, un treinta y siete con siete por ciento de los fondos, porcentaje que baja hasta el veintidos,6 por ciento en el caso de todos y cada uno de los fondos comprometidos.
Así lo comprueba el último estudio elaborado por el Observatorio NextGen del reputado bufete Llorente y Cuenta, que hace un pormenorizado cómputo de la ejecución de estos fondos en España y sus perspectivas para dos mil veintitres. Conforme el texto publicado el día de ayer, si se atiende solo a las convocatorias resueltas –que suponen el cincuenta y cuatro con veintisiete por ciento de los veintitres y sesenta y cuatro millones de euros comprometidos en este ámbito–, el porcentaje de lo adjudicado asciende al setenta y uno con cuarenta por ciento de lo previsto, al paso que en el caso de las licitaciones resueltas –alrededor del cuarenta y cinco por ciento de los seis mil ochenta y uno millones comprometidos–, alcanzaría cerca del setenta y cinco por ciento .
No obstante, la Administración cerró el año con cuando menos cuatro mil doscientos millones de euros en convocatorias que se han quedado sin asignar, una situación sobre la que los autores del estudio advierten que empeorará con la llegada de noventa y cuatro y trescientos millones de euros auxiliares –84.000 millones en forma de préstamos y diez y trescientos millones en forma de nuevas subvenciones–tras la aprobación de la Adenda al Plan de Restauración que está en proceso de preparación y negociación con la Comisión Europea
El estudio señala asimismo que el pasado ejercicio estuvo marcado por una “gran aceleración” del compromiso de fondos con relación a dos mil veintiuno -diez y doscientos veintinueve millones más-, tanto en convocatoria de subvenciones -seis mil setecientos ochenta y tres millones, prácticamente el doble-, como de licitaciones -prácticamente ha multiplicado por 5 las licitaciones de dos mil veintiuno-, al paso que, en lo referente a las trasferencias a comunidades, se han mantenido cifras afines en los dos años. No obstante, en lo que a resoluciones de estos fondos se refiere, el porcentaje de lo adjudicado se redujo de forma substancial, al haber pasado del noventa por ciento de los fondos previstos en dos mil veintiuno a solo un cincuenta por ciento en dos mil veintidos.
Así, sumando los dos ejercicios, el Plan de Restauración ha logrado comprometer presupuestariamente cuarenta y ocho y setecientos veinte millones de euros entre convocatorias y licitaciones estatales y trasferencias de fondos a las comunidades autónomas -un sesenta y nueve con diecinueve por ciento de la dotación inicial del plan, setenta y cuatrocientos once millones-, merced a que en dos mil veintidos se ha conseguido comprometer el noventa y seis con cuatro por ciento de los veintiocho y veinticinco millones presupuestados. Mas el informe es singularmente crítico con los fondos gestionados por las comunidades autónomas -diecinueve y quinientos setenta y cinco millones de euros, un cuarenta con dos por ciento -, al apuntar “las contrariedades para poder ofrecer una estimación específica de lo adjudicado a particulares y a empresas ante la carencia de datos actualizados que resulten alcanzables de forma pública”.
En lo que se refiere a la AGE, que ha gestionado de forma directa veintinueve y ciento cuarenta y cinco millones de euros (el cincuenta y nueve con ocho por ciento ), el informe especifica que la dilación en el plazo de adjudicación de convocatorias -ciento treinta y nueve días de media- ha influido asimismo en el ritmo lento de ejecución registrado en el año dos mil veintidos. Así, los ministerios que se encuentran más avanzados en el momento de ejecutar el Plan de Restauración son los que administran programas cuyos primordiales adjudicatarios son entidades locales y están centrados en áreas como las infraestructuras para la movilidad sustentable y la rehabilitación de edificios públicos; esto es, “aquellos por los que hay un gran interés de la propia Administración Pública”. Para los analistas del estudio, esto quiere decir que “la participación de las compañías en convocatorias y licitaciones del Plan de Restauración ha ido a la baja conforme se ha desarrollado su ejecución, con un caso señalado en la escasa concurrencia registrada en el Perte del vehículo eléctrico (VEC), que solo consiguió adjudicar unos ochocientos millones de euros de los prácticamente tres mil presupuestados”, apunta el informe.
La posibilidad de modular el ritmo de ese cumplimiento va a ser, por ende, “cada vez menor”, por lo que, “a menos que se consiga una ampliación de plazos para el Plan inicial -posibilidad que apuntan “ahora mismo se presenta difícil”-, el Gobierno va a deber “extremar el rigor en la administración de esos fondos europeos, para poder destinarlos a los fines comprometidos. “En un año electoral como el que ahora comienza, la eficiencia en el momento de conseguir que no se pierdan esos recursos va a ser, indudablemente, un tema aún de mayor relevancia en la escena pública de España, así como las reformas pendientes que presentan un mayor nivel de complejidad para su aprobación, demandada por Bruselas”, incide el estudio.