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El ineludible éxodo de los benedictinos del Val de los Caídos

Huérfano de los restos de Francisco Franco, el Val de los Caídos encara prácticamente un año tras la exhumación un futuro muy diferente. El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros prevé que el complejo, donde descansan treinta víctimas de la Guerra Civil de los 2 bandos, se transforme en un camposanto civil.

El Gobierno, por el momento, no hará nada con la enorme cruz, cuyo derribo propuso Unidos Podemos hace un par de años, solicitud que amplió esta primavera a todo el circuito el Conjunto de Izquierda Confederal –que integran las formaciones de Ada Colau y también Íñigo Errejón–.

Quien sí está sentenciada es la comunidad benedictina, abocada a una próxima salida. La vicepresidenta primera Carmen Pelado ha asegurado que la orden religiosa «se extinguirá automáticamente» pues, conforme sus palabras, «ya no tiene ningún sentido con relación al nuevo objetivo del Val de los Caídos en concepto de Memoria Democrática».

Los frailes se muestran superados , si bien ya han vivido convulsos tiempos. Llegaron a Cuelgamuros el diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho con la misión de orar por los caídos en la batalla civil. No se sabe precisamente cuántos viven en el Val de los Caídos, mas la cantidad podría rondar la veintena. La existencia allá de una comunidad de benedictinos se reguló en función de un Decreto-Ley, con data de veintitres de agosto de mil novecientos cincuenta y siete por el que se establecía la Fundación de la Santa Cruz del Val de los Caídos. En el artículo quinto se establecía que la abadía benedictina tendría «carácter independiente» y debería contar «con un mínimo de veinte frailes profesos con el pertinente Noviciado».

Los frailes dependen de la Abadía de Solesmes (Francia), y el Arzobispado de la capital de España –al que pertenece territorialmente la comunidad–, si bien no se marcha a vocalizar hasta el momento en que no estudie a fondo el anteproyecto de ley, sí ha negado que vaya a haber extinción alguna, y asegura que en cualquier caso los benedictinos serían trasladados a otros monasterios de la orden entre la veintena que hay en España, entre ellos el de Santa María del Paular en la capital de España, el de Montserrat en Cataluña o bien el de Beato Domingo de Silos en Burgos.

Fuentes del ambiente de la comunidad monástica aseguran que oficialmente no se marchan a vocalizar por el momento, mas su sensación es que es inaudito que en la mitad de la crisis económica producida por la pandemia de coronavirus se esté perdiendo tiempo y dinero en estas ideas, a su modo de ver, algo que no solo piensan .

Tienen claro los frailes que lo que se busca es la desacralización de la basílica, si bien quizás se le ponga a la Iglesia el cebo de su salida a fin de que el Arzobispado de la capital de España se haga cargo de la administración del culto, señalan estas fuentes, que estiman que ese ademán sería un engaño y los fieles no se lo excusarían al cardenal y arzobispo Carlos Osoro. Todo a fin de que, unos pocos años después, echasen asimismo al Arzobispado y culminara el proceso para cancelar el sello religioso del circuito.

Estas fuentes apuntan que desamparar a los frailes a su suerte frente al Gobierno pasaría a la jerarquía eclesiástica una factura aún mayor que la desafección sobrevenida en muchos católicos tras el silencio de la Iglesia con la exhumación de Franco.

Una vez los religiosos fuera, Patrimonio Nacional podría hacerse cargo de manera directa del sitio. Otra alternativa sería alterar los estatutos de la Fundación del Val, y que un nuevo patronato público aceptara la administración.

El Gobierno podría entonces centrarse en exhumar a víctimas sepultadas contra su voluntad en Cuelgamuros y trabajar en la resignificación del monumento. Pelado ha adelantado que ello implicará «mover ciertos elementos» y meditar «sobre de qué forma puede ser el espacio que vaya a quedar», aparte de convertirlo en un camposanto civil «para la paz, el perdón y el reposo de las víctimas».

Entre los planes para el futuro está la recolocación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. El creador de la Falange sí fue un caído en la batalla, con lo que está en su derecho a continuar en el Val, mas no en sitio tan señalado de la basílica, conforme el Ejecutivo. La opción alternativa es que sea reinhumado en una capilla lateral o bien en otra zona no tan «preeminente» como la que ocupa.

Con respecto a lo que pueda pasar en Cuelgamuros, la Asociación para la Defensa del Val de los Caídos (ADVC), muestra su preocupación frente al anuncio de «resignificación» del circuito, con lo que examinará «la argumentación en la que el Gobierno intente sostener jurídicamente» su actuación y, «por supuesto nos opondremos en los tribunales a lo que esta asociación considere improcedente o bien contrario a la ley», conforme un comunicado.

Considera la ADVC que la aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone «una discriminación y prosecución por motivos de opinión y también ideológicos inaguantable para la ciudadanía y contraria a los artículos catorce y dieciseis de la Constitución, a los artículos 1, siete y dieciocho de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo veintiuno de la Carta de Derechos Esenciales de la Unión Europea».

La asociación defiende que el complejo, «pese a quien le pese, se erigió como sitio de paz, reconciliación y concordia», y estima que «proyectos de ley como el que nos ocupa obedecen a un espíritu contrario».

La ADVC, que lleva desde dos mil nueve defendiendo Cuelgamuros y una vez consumada la exhumación de Franco denunció que ahora tocaría la «destrucción del mismo Valle», anuncia además de esto «cualquier iniciativa de tipo legal, incluyendo las que competan a organismos y tribunales internacionales en defensa de las familias de caídos inhumados en el Val de los Caídos cuya representación legal ostenta».

La entidad que encabeza Pablo Linares se niega a que esos restos sean «removidos, trasladados y ni muchísimo menos sometidos a proceso de identificación forense de cualquier tipo». Estas familias –unas ciento cincuenta, «y subiendo por la polémica», conforme Linares– «ya pusieron de manifiesto su negativa de permiso, por escrito, ante Patrimonio Nacional». La asociación expone además de esto la «extrema dificultad» que supondría la retirada y también identificación de los restos desde el punto de vista jurídico y técnico, algo recogido en informes encargados por el propio Gobierno.

La ADVC lamenta que para el Ejecutivo «parece haber fallecidos de primera y de segunda», y piensa que no ha sido «mínimamente ecuánime», pues «al parecer las miles y miles de víctimas en la retaguardia republicana no son motivo de preocupación para un Gobierno que se cuelga el cartel de democrático».

Por su lado, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, estima que la hipotética demolición de la enorme cruz que encabeza el Val de los Caídos sería una acción «al más puro estilo talibán». Frente a la idea de transformar el Val en un camposanto civil y expulsar a los benedictinos, Chicharro asevera que le agradaría conocer la opinión de la Conferencia Episcopal o bien aun del Papa, pues esa acción supondría desacralizar un camposanto religioso. «Es una pena la actitud de la jerarquía eclesiástica», lamenta.

Chicharro aseguró contar con el apoyo de Santiago Abascal contra la Ley de Memoria Democrática y la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, confirmó ese respaldo este jueves. Vox va a recurrir una regla que considera vulnera «derechos fundamentales».

Mientras que, los frailes con su abad Santiago Cantera al frente, esperan sucesos, entre la incredulidad y la amenaza cierta de mudanza.

3 asociaciones recogen firmas para impedir que el Gobierno expulse a los frailes benedictinos y resguardar la cruz del Val de los Caídos. De este modo, la asociación católica Enraizados lanzó una solicitud de firmas de apoyo el martes para proteger la presencia de la comunidad religiosa en Cuelgamuros. De forma paralela, Hazte Escuchar asimismo fomenta una campaña de recogida de firmas con la que solicita a la jerarquía de la Iglesia que «defienda y resguarde la inviolabilidad de la basílica, a los frailes que la protegen y la permanencia de la cruz». Por su lado la asociación Abogados Cristianos tiene su campaña. Han logrado ya miles y miles de firmas.

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