Economía

El ingreso mínimo va a dejar en la cuneta a dos con cinco millones de pobres severos

Se mire como se mire, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno tiene previsto aprobar el día de hoy, destinado a calmar la coyuntura económica de ochocientos cincuenta hogares sin recursos, va a dejar en la cuneta a millones de personas que viven en la pobreza severa o bien bajo el umbral de la pobreza, y a quienes esa prestación no va a llegar a sus misérrimos bolsillos. Conforme el Ministerio de Seguridad Social, en torno a dos con tres millones de personas se favorecerán del IMV, en cantidades que van desde los cuatrocientos sesenta y dos euros mensuales para un adulto sin hijos a los mil quince euros para hogares de 4 adultos con múltiples hijos.

Unos cálculos que se quedan cortísimos, en tanto que en España hay hoy día, conforme la última encuesta de condiciones de vida que realiza el INE (Instituto Nacional de Estadística), cerca de cuatro con ocho millones de personas en situación de pobreza severa, lo que quiere decir que por lo menos dos con cinco millones de pobres van a quedar en la estacada.

Solo en la Comunidad de la villa de Madrid hay más de un millón de personas en situación de exclusión social –el dieciseis con dos por ciento de la población–, conforme revela el último informe de la fundación Promuevo de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) bajo los auspicios de Cáritas. De esa cantidad, prácticamente quinientos mil padecen exclusión severa, lo que quiere decir que se encaran a barreras como residencia insegura y también inapropiada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema, invisibilidad para los partidos y líderes políticos…

«Hoy en día una persona puede estar incluida en la sociedad, tener trabajo, hacer vida social, y no obstante ser pobre, por el hecho de que sus ingresos son bajísimos y ni tan siquiera le dejan cubrir sus gastos básicos», apostilla José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. «Claro que los cuatro con ocho millones de personas que padecen de pobreza severa deberían percibir el IMV, mas es mejor lo que hay que nada. Es obvio que algo hay que hacer. No podemos descargar esta situación de extrema precariedad en las colas del apetito, en la beneficencia o bien en los bancos de comestibles. Esta grave situación precisa regularse mediante la justicia social».

En su última memoria, presentada a fines del pasado año, Cáritas va más allí y mantiene que la exclusión social «se ha enquistado y afecta a ocho con cinco millones de personas. Además de esto, uno con ocho millones malviven en el extremo de la exclusión más severa». Es lo que lleva por nombre «sociedad expulsada». Cáritas echa por tierra el estereotipo de que los ciudadanos extranjeros copan sus recursos, en tanto que más del sesenta por ciento de sus adjudicatarios son españoles. Y recuerda cuál es el perfil medio de las personas a las que atiende: mujer, de España, entre treinta y cincuenta y cuatro años, con hijos a su cargo, que lleva más de 4 años recibiendo ayuda y que alterna periodos de trabajo precario con la busca de empleo.

Tampoco sale realmente bien parado el IMV si lo equiparamos con las estadísticas comunitarias. Estas recuerdan que de los veintisiete Estados miembros de la UE (Unión Europea), España es el séptimo con mayor tasa de pobreza y exclusión social: afecta al veintiseis con uno por ciento de la población, esto es, a una de cada 4 personas. De hecho, conforme el IX informe anual sobre el peligro de pobreza y exclusión, efectuado por el European Anti Poverty Network (EAPN, o bien Red Europea contra la Pobreza), en España hay hoy en día doce con tres millones de personas bajo riesgo de pobreza o bien exclusión social.

Las cuantías del IMV, uno de los proyectos estrella del Gobierno de alianza Partido Socialista Obrero Español-Podemos para esta legislatura, tampoco resisten bien la comparación con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), famosa el mes pasado de abril, conforme la que en España hay uno con uno millones de familias con sus miembros en paro y seiscientos hogares a los que no llega ningún ingreso. Resulta conveniente rememorar que el umbral de pobreza en este país lo marcan unos ingresos de ocho mil ochocientos setenta y uno euros anuales en hogares unipersonales, y de dieciocho y seiscientos veintinueve euros anuales en las familias formadas por 2 adultos y 2 pequeños.

No obstante, y a pesar de que el IMV va a dejar sin cobertura a un esencial segmento de la población más necesitada y desfavorecida, por lo menos va a venir a remediar parcialmente las inmensas lagunas de las rentas mínimas de inserción (RMI) que administran las comunidades autónomas, destinadas a familias sin recursos económicos para atender sus necesidades básicas.

El dato resulta demoledor: hoy día, y hasta la entrada en vigor del IMV impulsado por el Gobierno Sánchez-Iglesias, el noventa por ciento de los pobres en España no recibe ninguna ayuda del Estado. Y apenas el siete con cinco por ciento de los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza reciben las RMI autonómicas. Con un pesado lastre añadido: las extremas desigualdades en la percepción de esta ayuda dependiendo del sitio de vivienda de los adjudicatarios. De esta forma, en el País Vasco las rentas mínimas de inserción llegan al setenta y uno por ciento de la población bajo riesgo de exclusión y pobreza, al tiempo que en comunidades como Castilla-La Mácula solo alcanzan al uno con seis por ciento . Aun en la rica Comunidad de la capital española, este género de prestación solo parará a los bolsillos del diez con cinco por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Y una última muestra de la gran desigualdad territorial: el País Vasco y Extremadura son las comunidades autónomas con menor y mayor tasa de pobreza; afecta al ocho con nueve por ciento de la población vasca y al treinta y siete con seis por ciento de los extremeños.

Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, una de las organizaciones a las que el Ministerio de Seguridad Social ha consultado los términos del R. D. que regula el ingreso mínimo vital, ve en el texto esenciales zonas de sombra y también inseguridad. «Uno de los aspectos que más hemos criticado», asegura, «es el cálculo de la capacidad económica de los potenciales adjudicatarios. Se marcha a efectuar sobre los datos de renta de un año ya antes, y esto quiere decir que la prestación no sirve para hacer frente al incremento de la pobreza a consecuencia de la pandemia de coronavirus. La capacidad económica se debe valorar sobre los ingresos que hay en el instante de la solicitud».

«Tampoco se plantea la posibilidad», sigue, «de crear una ‘‘pasarela automática’’ a fin de que se acceda de oficio al IMV desde las rentas mínimas que conceden las comunidades autónomas. Esto implicaría la integración de más de trescientos personas que son ya adjudicatarias de esas posibilidades, sin precisar efectuar procedimientos administrativos complejos, que retrasarán indudablemente la implementación del ingreso mínimo vital. Además de esto, el R. D. deja sin aclarar de qué manera piensa encarar el paradójicamente elevado nivel de no acceso al IMV por, exactamente, las personas que se hallan en los niveles más altos de exclusión».

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