El paro académico será un derecho recogido por ley
Sociedad

El paro académico va a ser un derecho recogido por ley

Los estudiantes están de celebración tras haberse reunido con el Ministro de Universidades, Joan Subirats, al que han logrado arrancarle que la nueva reforma universitaria, que presentará dentro de poco, incluya el reconocimiento del derecho a la huelga. Y eso quiere decir que van a poder librarse de hacer un examen o que su falta de asistencia no cuente cuando se convoque un paro académico. Esta es una circunstancia que solo está regulada en ciertas universidades, mas que va a ser extensible a todas y cada una conforme con el nuevo proyecto de LOSU, lo que fuerza a las universidades a habilitar medidas que prevean situaciones como estas.

La Organizadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), se felicitaban de que esta medida hubiese sido tenida en cuenta al tratarse de «una reivindicación histórica de la representación estudiantil que acoraza el derecho de queja e imposibilita que el alumnado padezca ninguna consecuencia académica por esta causas», señalaban por medio de un comunicado.

El ministro de Universidades festeja a lo largo de estos días asambleas con todos y cada uno de los actores implicados en la reforma universitaria. La semana próxima está previsto que sea con los rectores, con los que espera rematar ya un texto que pueda llevarse al Consejo de Ministros a fin de que pueda comenzar una tramitación parlamentaria, una vez que el ex ministro Manuel Castells no concitase acuerdos con la reforma que planteó.

El boceto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se va a conocer a mediados de mayo, asimismo recobrará el modelo 3+2. La idea del nuevo ministro es flexibilizar la duración de los grados para que puedan cohabitar las carreras de 3 años (ciento ochenta créditos, el 3+2) con las de 4 años (doscientos cuarenta créditos, el 4+1) como ocurre en ciertos países europeos, un modelo que ciertos estiman que puede favorecer la internacionalización, a la vez que encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

Exactamente, la propuesta de Subirats se alinea con la idea que tienen las universidades catalanas, que son las que han protegido el modelo 3+2. Lo atractivo del caso es que el ex ministro Castells fue el que puso fin a los grados de 3 años y estableció que todos debían perdurar 4 años, salvo los títulos conjuntos internacionales del Programa de Universidades Europeas.

Subirats asimismo desea acorazar en la LOSU una inversión del 1 por ciento del PIB para las universidades.

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