El Partido Popular lanza a sus barones para acorralar a Sánchez con la financiación
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El Partido Popular lanza a sus barones para acorralar a Sánchez con la financiación

Superados ya los 4 meses con el Gobierno en funciones, el bloqueo en el que el presidente Sánchez y su equipo continúan instalados y la parálisis a la que semejan apreciar abocar al país tienen muchas caras visibles: la inacción del Parlamento en su tarea legislativa y en su agenda de reformas, la carencia de control al Ejecutivo o bien la interinidad de Moncloa en frente de los desafíos que el país deberá administrar desde el mes de septiembre, con la sentencia del juicio del «procés» en el centro de todos y cada uno de los focos.

A todo ello se aúna la carencia de Presupuestos Generales y la ausencia de recursos financieros que empiezan a denunciar ciertos gobiernos de las comunidades autónomas.

Es en ese contexto en el que los barones regionales del Partido Popular lanzaron el día de ayer una ofensiva a fin de que Sánchez y el Ministerio de Hacienda convoquen una asamblea del Consejo de Política Fiscal y Financiera y muevan ficha en lo referente al sistema de financiación autonómica. Los 5 ejecutivos que los populares controlan demandan cambios de forma urgente. La estrategia de Génova se ha ordenado con los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Murcia, Fernando López Miras; de la capital de España, Isabel Díaz Ayuso; de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Castilla y León, Fernando López Mañueco.

A esas voces se aúnan otras, no necesariamente procedentes del Partido Popular. Es el caso de Compromís, asociado de gobierno de los socialistas en la Comunidad Valenciana, que asimismo demanda dar comienzo a los trabajos que deben conducir a un nuevo modelo.

Moreno Bonilla dio el pistoletazo de salida: «Reclamo a Pedro Sánchez la convocatoria urgente y monográfica del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica. El Gobierno de España se ha quedado sin disculpas para abonar a Andalucía los mil trescientos cincuenta millones que nos adeuda de 2019», aseguraba por medio de las redes sociales. Díaz Ayuso, desde la villa de Madrid, ponía asimismo cifras al perjuicio que supone para esta comunidad la situación de bloqueo político: «El gobierno socialista en funciones se ha estado amparando en un informe inexistente de la Abogacía para no abonar a la Comunidad de la capital de España mil trescientos millones de euros».

Para López Miras, la carencia de iniciativa del Gobierno de Sánchez puede poner bajo riesgo los servicios públicos en Murcia. Desde esta comunidad, al lado de la reforma del sistema de financiación asimismo se demandan doscientos treinta y cuatro millones de entregas a cuenta que figuran en las cuentas de este ejercicio. Esta factura se eleva, en el caso de las demandas del Gobierno de Castilla y León, hasta los cuatrocientos cuarenta millones, tanto por las entregas a cargo del sistema de financiación autonómica pertinente por año dos mil diecinueve y por la liquidación de otros conceptos de dos mil diecisiete. «Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones.

Y la más esencial es que los servicios públicos se presten con normalidad. Solicitamos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato. Los ciudadanos precisan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica», insistió el presidente gallego. Entre los presidentes autonómicos socialistas, el de Aragón, Javier Lambán, asimismo calificó de «difícil» la situación que deben encarar las zonas en el instante actual, y, por esta razón, aseguró que debe formarse el Gobierno central de forma «urgente».

Sin fondos para los servicios

El origen de este enfrentamiento se halla en la carencia de recursos que las autonomías padecen en el momento de financiar las competencias y los servicios que ostentan. La convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que demandan los populares busca dar salida a esta situación. No en balde, el Consejo es el único foro de discusión en el que se reúnen todos y cada uno de los gobiernos para discutir sobre temas de financiación y la meta de los barones del Partido Popular es que se ponga data a esta cita ya para discutir el orificio en las cuentas con el que encaran la recta final del año. El orificio en las arcas regionales se debe a que, en el instante actual, Hacienda no ha actualizado las entregas del sistema de financiación autonómica, esto es, las trasferencias que hace mes a mes a las comunidades conforme lo que corresponde a cada una. Tampoco ha pagado un ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido de dos mil diecisiete pendiente. Las autonomías, no obstante, contaban con estos fondos, puesto que el propio Gobierno se los anunció el año pasado y los incluyeron en sus respectivas cuentas autonómicas para dos mil diecinueve, conforme notifica Europa Press. No obstante, esos fondos no llegan y esto forzará, seguramente, a los gobiernos autonómicos a hacer ajustes sobre sus previsiones de gasto.

Desde Moncloa arguyen que no pueden trasferir estas partidas estando en funciones y con el Presupuesto prorrogado de dos mil dieciocho. Y fundamentan esta imposibilidad en un informe de la Abogacía del Estado, adelantado el día de ayer por «El País», que considera ilegal el bloqueo de estos fondos. Toda la oposición en conjunto, del Partido Popular a Podemos pasando por Cs y Vox, cargaron el día de ayer contra la ministra de Hacienda por la administración de esta crisis y por la utilización partidista de la Abogacía del Estado. María Jesús Montero, por su lado, apuntó el día de ayer que el Gobierno «busca fórmulas» para abonar las entregas a cuenta a las comunidades y «sortear» el informe de la Abogacía del Estado. En una entrevista con Onda Cero, Montero reconoció que el informe escrito fue pedido la semana pasada y llegó el día de ayer al Ministerio de Hacienda, mas dejó claro que la Abogacía del Estado sostiene desde dos mil dieciseis el criterio de que «un Gobierno en funciones no puede tomar resoluciones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo».

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