“En el partido era vox populi que había sobresueldos”
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“En el partido era vox populi que había sobresueldos”

La ex- miembro del Senado de Podemos Celia Cánovas ha asegurado tras su declaración como testigo en el “caso Neurona” -que estudia la presunta financiación irregular de la capacitación morada- que “en Podemos era vox populi que se cobraban sobresueldos”.

Cánovas ha protegido también en su comparecencia que la gerente del partido, Rocío Val, no tenía competencias para aprobar los complementos salariales que estudia el juez Juan José Escalonilla, y de los que misma se favoreció junto, entre otros muchos, al tesorero de Podemos Daniel de Frutos. Los dos están encausados en esta causa por administración infiel. “Yo sé que había sobresueldos, mas a nosotros no nos notificaban de nada”, se ha quejado la ex- miembro del Senado.

El letrado de Podemos, no obstante, ha protegido que Val estaba habilitada para aprobar esos complementos retributivos pues la dirección del partido le capacitó para esto a través de un acta notarial que la testigo ha afirmado ignorar.

Frente a la insistencia del letrado, Cánovas ha replicado conforme fuentes jurídicas: “No hace falta ser letrado. Los estatutos afirman lo que afirman y no capacitan a la gerente para aprobarlos”. Conforme ha asegurado frente al juez, estos “deben estar incluidos en el pertinente presupuestos y deben ser aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal”.

Podemos se opuso frontalmente a la testifical de Cánovas, que ejercita la acusación particular en la causa tras denunciar que la capacitación “infló” una donación suya de tres mil euros a la “caja de solidaridad” por la que después recibió un certificado en el que figuraba que su aportación había sido de cinco mil euros. La defensa de la capacitación morada llegó a recriminar al juez que con diligencias como esta llevaba a cabo una “auditoría” contra Podemos frente a lo que considera “pública y concida animadversión” de la ex- miembro del Senado contra su viejo partido.

Podemos echó en cara a Vox -que fue quien planteó su comparecencia- que de este modo procurase “aprovechar la animadversión de la testigo” para procurar abrir nuevas líneas de investigación “sobre hechos de cualquier clase de los que puedan encontrarse nuevas ramificaciones” y atribuyó una intencionalidad política a esa iniciativa.

Mas Escalonilla contestó al partido -al aprobar la declaración como testigo de Cánovas- que en el “caso Neurona” no se estudian “hechos de naturaleza política” y estimó que está “fuera de lugar” aducir que la admisión de su comparecencia “pueda tener por objeto hechos de naturaleza política”.

El juez defendió que una vez reconocida su condición de perjudicada -algo a lo que se negó el propio instructor en un comienzo y que terminó aceptando a instancias de la Audiencia de la villa de Madrid- por el supuesto desvío de cincuenta euros de la “caja de solidaridad” de Podemos a la asociación #404 Comunicación Popular, procedía interrogarle “sobre los hechos que con relación a tal cuestión pudiese tener conocimiento”. En verdad, la Audiencia Provincial de la capital española ordenó al juez reabrir esa investigación al advertir rastros delictivos.

Además de esto, el instructor asimismo justificó su comparecencia en el conocimiento que pudiera tener “respecto de las funciones de la gerente” del partido, puesto que la presente gerente, Rocío Val, está investigada en este procedimiento por administración infiel por autorizar el pago a múltiples altos cargos de 2 complementos salariales de los que, además de esto, resultó adjudicataria.

Al haber desempeñado el cargo de miembro del Senado, hizo hincapié Escalonilla, Cánovas “puede tener conocimiento de los hechos objeto de investigación en la presente causa al presumírsele un conocimiento más profundo por su lado respecto del funcionamiento de tal partido”.

Como acusación particular, Cánovas solicitó al instructor que imputara por administración infiel a la presente ministra de Derechos Sociales Ione Belarra por acreditar aparentemente el reparto de sobresueldos irregulares entre ciertos de sus líderes. La ex- miembro del Senado calificó entonces estos hechos de “extrema gravedad” y los atribuyó a “una corrupción de toda la bóveda del partido”. “El partido se ha transformado en una propiedad privada de la Ejecutiva, que no respeta los estatutos y validad actos de predisposición patrimonial de sus miembros por el hecho de que son mismos quienes los cometen”, denunció. “Es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilegales que se están estudiando, pues son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado”, resaltó.

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