Nacional

España encara como un Reino de Taifas la segunda ola de covid

Barra libre. Cada comunidad hace y deshace en un vale todo o bien un todos contra todos. La deslealtad entre Administraciones prosigue superando barreras en un mapa territorial donde el inconveniente no es la cogobernanza, sino más bien el empleo que el Gobierno central y las comunidades hacen de ella.

Hay medidas, mas el Gobierno rechazó transformarlas en orden. Castilla y León se encuentra entre las primeras comunidades que han decido traducir esas medidas, aprobadas por el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, en un programa de actuación ordenada contra la Covid.

Mas otras, como la villa de Madrid, votaron en contra en aquel Pleno, y no se sienten obligadas por unos criterios que no comparten.

El virus avanza sin freno en Cataluña, y la Generalitat ya se plantea confinamientos en casa a la forma francesa. Galicia ha anunciado el cierre de sus grandes urbes y de múltiples ayuntamientos y prohíbe las asambleas de no convivientes. Los toques de queda, los horarios de la hostelería, la restricción de las asambleas y todas las otras limitaciones para frenar la pandemia prosiguen mudando precipitadamente en todas y cada una de las regiones: son resoluciones que se quedan viejas prácticamente al tiempo que se aprueban. Mientras que, Andalucía ha vuelto a superar los cinco mil contagios diarios.

Además de esto, el cierre por días de la capital española está tensionando al Partido Popular, la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos y la cooperación autonómica. El día de ayer, Castilla-La Mácula y Castilla y León, en este último caso con Ciudadanos ejercitando de portavoz, elevaron el tono contra la capital de España por no cumplir sus pactos –dicen–, y por «insolidaridad» con el resto comunidades en su administración de la pandemia.

Si se mira con una perspectiva global el mapa territorial, la imagen es la de un país de ciegos, donde cada Gobierno autonómico va por libre en la política de limitaciones, en unos casos primando la atención sanitaria con mayor o bien menor acierto, mas, en algún otro, atendiendo más al criterio de la política de partido. Y todos con exactamente la misma sensación, que se cuidan de no hacer pública, de que llegan tarde y de que va a ser ineludible ir a algún género de confinamiento domiciliario, por mucho que ayer, palabra de ministro, el titular de Sanidad, Salvador Illa, afirmase que no piensa que vaya a ser preciso llegar a ese extremo.

El caos sembrado por Pedro Sánchez

La abdicación de Pedro Sánchez en el ejercicio de una política nacional está sembrando el desconcierto. El origen está en el primer estado de alarma, en el que la negligente administración del Gobierno de alianza no exonera completamente de responsabilidad a la oposición en la crisis actual. La soberbia del Gobierno, la mezquindad de los asociados de investidura y el oportunismo de la oposición llevaron a un desconfinamiento precipitado y al abandono por la parte del Ejecutivo de los Gobiernos autonómicos en la lucha contra la pandemia.

«Han sido 8 meses perdidos, y los últimos días confirman que las diecisiete autoridades encargadas, a fin de que Sánchez intente liberarse del desgaste del segundo golpe de la pandemia, son una amenaza añadida a la precisa eficiencia para hacer frente al virus», apuntan desde una consejería de Sanidad autonómica.

En la mitad de este caos, el especial estado de alarma en vigor no es válido, sin someterse a la fiscalización y el control que establece la Constitución, para imponer confinamientos domiciliarios, si bien sean más flexibles que los de la primavera pasada para procurar, esta vez, salvar la actividad económica y la educación. De tener que ponerse en marcha esta medida, que se proponen ciertas comunidades, se debería aprobar un nuevo marco jurídico. También el estado de alarma amenaza con quedarse obsoleto de manera rápida frente a la perplejidad de quienes están en primera línea de la lucha contra la pandemia.

Y este es uno de los primordiales inconvenientes que ha generado la política. El Gobierno es responsable por aceptar compromisos de reforma de la Ley de Salud Pública infringidos. La oposición, salvo Ciudadanos, por transformar en anatema el estado de alarma, en un pulso político en el que ninguno de los 2 primordiales referentes, ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado, han querido dar su brazo a torcer ni se sienten en condiciones de hacerlo a futuro.

Sánchez es rehén de su mala administración de la pandemia, y el primordial partido de la oposición del «no» de ya antes del verano a la única medida inusual de carácter constitucional que en la actualidad acoraza la suspensión de derechos esenciales, como el de la movilidad.

En muchos gobiernos autonómicos aguardan la próxima asamblea del Consejo Interterritorial de Salud con la idea, inculcada por sus técnicos, de que la propagación ha llegado a ser tan veloz que va a haber que endurecer las medidas en vigor con el nuevo estado de alarma. Mas este tiempo choca con Sánchez en su papel de presidente del Gobierno menguante, una vez que en el primer golpe de la pandemia exhibiera con solidez la necesidad de un mando único para hacer en frente de esta crisis sanitaria de primer nivel.

Sánchez no se siente tan fuerte como en el mes de marzo para proteger esa apuesta, tras 8 meses en los que se ha pasado de «lo de marzo no se repetirá» a temer por un nuevo colapso de las UCIS. Los sanitarios ya no ponen la mano en el fuego por aquella el día de hoy vieja previsión de que en ningún caso volveríamos a toparnos frente a una urgencia de colapso sanitario semejante a la de marzo.

El ministro de Sanidad volvió el día de ayer al camino de trasmitir calma y se mostró persuadido de que las medidas aprobadas van a ser suficientes para doblegar la curva y van a dar su fruto. «Estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas se logrará doblegar la curva, estabilizarla y mantenerla». aseguró en la comparecencia en la que notificó del Presupuesto de su Departamento. En muchos centros de salud, no obstante, vuelve a hablarse del triaje.

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