Nacional

expulsar a los benedictinos del Val de los Caídos

Ofensiva para desacralizar el monumento: La «Ley de Memoria Histórica 2.0» derogará el decreto que deja a los frailes festejar el culto católico en la Basílica

El Gobierno de Sánchez jamás ha escondido su pretensión de proseguir usando el Val de los Caídos como arma política a lo largo de la presente legislatura. Este diario ha podido saber que la instructora del Ministerio de Justicia para todo el caso de la exhumación, Cristina Latorre Sánchez, dejó caer desde el comienzo en sus careos con las partes implicadas en aquel proceso que en el futuro se generarían cambios profundos en el estatus jurídico del Val que, no hay que olvidarlo, pertenece a un organismo del Gobierno como es Patrimonio nacional que depende aparte del Ministerio de Presidencia.

Y de hecho en la predisposición derogatoria única de la proposición de Ley presentada el pasado veinticuatro de enero en el Congreso puede leerse que de aprobarse esta legislación van a quedar sin valor los decretos de 1 de abril de mil novecientos cuarenta y de veintitres de agosto de mil novecientos cincuenta y siete por los que se establece la Fundación del Val de los Caídos, una medida que va a dar control omnímodo al Gobierno sobre el monumento, puesto que el segundo de estos decretos es el que introdujo a los Benedictinos en la Abadía y uno de los puntales del precario estatus de los religiosos.

No obstante, las fuentes consultadas coinciden en asegurar que el costo de imagen para el Gobierno sería muy grande de hacerse la proyectada desacralización del Val de los Caídos cada vez que no es previsible que el Partido Popular se abstenga esta vez

–con Vox ya en el Hemiciclo– como hizo en la votación que ocasionó la exhumación de Franco en el tramo final de la pasada legislatura. «Casado no se marcha a arriesgar a perder otro millón de votos con una postura equidistante en este tema con Vox pisándole los talones», reconoce una de las partes implicadas en el precedente proceso. «Ahora no se trata de exhumar a un ‘’dictador’’ sino más bien a más de veinticuatro frailes de edad avanzada y además de esto habría que solventar el inconveniente de los más de diecinueve frailes que están sepultados allí», confirman exactamente las mismas fuentes que, en todo caso, reconocen que la Iglesia ahora negocia el pago del IBI de los inmuebles propiedad de Iglesia mas no dedicados al culto, lo que hace que su capacidad de maniobra se vea muy reducida.

Uno de los extremos con los que se ha especulado es con la posibilidad de que, para eludir la desacralización del Val de los Caídos, la comunidad benedictina sea reemplazada por otra familia religiosa con mayor «sintonía» con el Gobierno socialista. Fuentes de la Arquidiócesis de la villa de Madrid han negado que se estén generando conversaciones sobre este tema con Moncloa. Resulta necesario rememorar que la imagen de la Iglesia quedó estropeada frente a lo que muchos fieles consideraron una postura equidistante y equívoca en lo relacionado a la exhumación de Franco a lo largo del año pasado. En verdad, en medios diocesanos no oficiales se habla de un informe que se ha elaborado basándonos en preguntas efectuadas al clero de la capital española y que se presentará en el próximo Consejo Presbiteral (órgano preceptivo que asesora al prelados de cada diócesis) en el que se habla de «desilusión» y de «desafección» con la figura del Cardenal Carlos Osoro por su pasividad a lo largo de la crisis y su inaccción frente al hostigamiento que muchos fieles percibieron contra la comunidad benedictina del Val de los Caídos, fuertemente atacada desde el Gobierno y desde la izquierda mediática.

Es pertinente rememorar además que el Gobierno no está solo en su estrategia de acoso y derribo al Val. La Reunión de la villa de Madrid aprobó asimismo con los votos en favor del Partido Socialista, Más la villa de Madrid, Unidas Podemos, los votos contra el Partido Popular y Vox y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) que solicita reconvertir el Val de los Caídos en un «sitio de memoria» y, entre otras muchas medidas, exhumar a José Antonio Primo de Rivera.

La PNL insta al Gobierno regional a que, por su parte, inste al Ejecutivo central a situar el Val de los Caídos «dentro del orden constitucional y democrático» y a impulsar «la dignificación del cementerio», a través de la investigación histórica y honrando a las víctimas con una inscripción que recoja los nombres de los allá sepultados y de los presos que edificaron el complejo. Asimismo plantea crear un centro de interpretación y suprimir la publicidad turística sobre la llamada «Ruta Imperial».

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