Economía

Hachazo fiscal de seis mil doscientos millones a las compañías

El Gobierno dio el día de ayer luz verde a los 2 nuevos impuestos a las transacciones financieras (la famosa como «tasa Tobin») y a ciertos servicios digitales («tasa Google»). Estas 2 figuras se aúnan a la batería de medidas tributarias que Pedro Sánchez tiene previsto arrancar este año, completando un «hachazo» fiscal que alcanzará los ocho mil millones de euros. Sin embargo, las compañías van a ser las más perjudicadas por estas medidas, puesto que concentrarán el setenta y siete por ciento de la nueva carga, al tener que aceptar seis mil doscientos millones de euros de la subida impositiva.

Conforme el proyecto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, Hacienda prevé colectar cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro millones de euros en dos mil diecinueve merced a las ideas fiscales. Además de esto, hay que incorporar otros ochocientos cincuenta millones de euros que se ingresarán por la subida de las bases máximas de cotización, de los que unos sesenta y cinco millones los van a pagar los trabajadores que ganan más de cuarenta y cinco euros por año y el resto, unos setecientos ochenta y cinco millones, recaerán en los hombros de las compañías.

Por otro lado, la subida del sueldo mínimo hasta los novecientos euros mensuales asimismo favorecerá a la colecta, mas va a suponer un fuerte desembolso para las compañías (seiscientos millones de euros) y para los autónomos (mil millones). En suma, van a ser otros mil seiscientos millones de euros.

La medida con más impacto se va a ver en el Impuesto sobre Sociedades. La restricción de las exenciones por dividendos y el establecimiento de una tributación mínima del quince por ciento para las grandes empresas (dieciocho por ciento en el caso de la banca y de las petroleras y gasistas) trasladará mil setecientos setenta y seis millones de euros de estas corporaciones a las arcas públicas. Afectará a unas diez compañías, que van a ver aumentada su tributación en una media de ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta y uno euros.

El próximo impuesto más costoso para las compañías va a ser la «tasa Google», con la que el Gobierno espera ingresar mil doscientos millones de euros anuales. Contempla gravar con un tres por ciento ciertos servicios digitales en los que hay una intervención de usuarios ubicados en el territorio de España, como es el caso de la prestación de servicios de publicidad on-line, servicios de intermediación on-line y la venta de datos generados desde información proporcionada por el usuario en internet. Afectará a empresas con un monto neto de su cifra de negocios superior a los setecientos cincuenta millones de euros a nivel del mundo y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales perjudicados por el impuesto superen los 3 millones en España. Conforme la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la colecta por este tributo va a ser inferior a la calculada por el Gobierno, pudiendo ser de solo quinientos cuarenta y seis millones de euros en el peor caso, menos de la mitad del objetivo.

Con el nuevo impuesto a las transacciones financieras, Hacienda estima unos ingresos anuales de ochocientos cincuenta millones de euros, si bien la AIReF apunta que esos cálculos «presentan una elevada incertidumbre» y apunta que la colecta podría caer hasta los cuatrocientos veinte millones, asimismo la mitad de lo previsto. Este tributo grava con un 0,2 por ciento las operaciones de adquiere de acciones de empresas españolas cuyo valor de capitalización bursátil sea superior a los mil millones de euros. El sujeto es el intercesor financiero que transmite o bien ejecuta la orden de adquisición, aunque es bastante difícil saber si estos agentes terminarán trasladando el costo al usuario.

En los dos impuestos, el Gobierno insistió el día de ayer en que «su aplicación se dirige a grandes empresas y multinacionales» y en la necesidad de «acometer reformas tributarias para adecuarse a los nuevos desafíos de la globalización y las nuevas formas de negocio» del siglo veintiuno. A este incremento de la presión fiscal a las compañías contribuirá asimismo el «impuestazo» al diésel, que va a subir el coste del litro en cuatro con seis céntimos de euro. Si bien el Gobierno apuntó que van a estar exentos los usuarios del gasóleo profesional, sí afectará a ciento treinta transportistas con automóviles de menos de siete con cinco toneladas y a siete mil taxistas de pequeñas urbes que no usan taxímetro, como adelantó el día de ayer LA RAZÓN.

En todo caso, los impuestos aprobados el día de ayer por el Consejo de Ministros todavía deben recorrer un largo camino de tramitación parlamentaria hasta entrar claramente en vigor. Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntaron el día de ayer que el proceso podría retardarse entre dos y tres meses (un mes en el mejor caso si se gestiona por la vía urgente). A este plazo habría que sumar otros 3 meses desde el instante en que se aprobara por el Congreso y se publicase en el Folleto Oficial del Estado (BOE), para dar tiempo a los sujetos de estos nuevos tributos a adecuarse a la normativa. Esto supone que su entrada en vigor se generará, de manera previsible, en torno al comienzo del verano, reduciendo a prácticamente la mitad su capacidad recaudatoria. Los dos.050 millones de euros que Hacienda prevé ingresar en dos mil diecinueve con la «tasa Google» y con la «tasa Tobin» se han calculado sobre la base de 12 meses de colecta, cuando la realidad es que no van a estar operativos hasta prácticamente la mitad del año.

La patronal de la industria digital Ametic lamentó el día de ayer la «acción unilateral» del Gobierno en el momento de aprobar una tasa a los servicios digitales y advirtió de que van a ser las Pymes y los usuarios finales quienes terminarán pagando el costo de exactamente la misma, puesto que se acrecentarán los costos de los productos de tipo digital.

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