Salud

La Fiscalía desata la ira de los médicos al investigar la manera de selección de los enfermos en las UCI

Indignación y saña. Esto es lo que comienzan a sentir los profesionales sanitarios tras jugarse la vida a lo largo de semanas enteras para salvar las de los enfermos, sin apenas medios de protección por el retraso del Gobierno en el momento de adquirirlos y de adoptar medidas precautorias. Esta ira que anega ya todos y cada uno de los centros de salud madrileños y pronto va a llegar asimismo a los centros de otras comunidades responde a la nota emitida por la Fiscalía Provincial de la capital de España requiriendo información exactamente a uno de los grandes centros de salud de la capital, La Princesa, por las actuaciones que sus trabajadores llevaron a la práctica en los instantes más duros de la pandemia.

El escrito, firmado por la teniente fiscal María Luisa Ruesta Botella, se emitió el pasado veinte de mayo, si bien el registro de salida data del día veintidos, y se dirige al gerente de tal centro de salud, Fidel Illana. En él, la representante del Ministerio Público demanda como una parte de unas diligencias de investigación la información que proceda «acerca de los criterios médicos que se han seguido en ese centro para el acceso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS), edad, nosología, etc, como el empleo de respiradores».

Si bien no lo afirma con estos términos, la Fiscalía trata de pesquisar sobre las razones y los criterios que se emplearon en el momento de aplicar los llamados triajes, unos métodos de selección de pacientes que se usan en sanidad cuando resulta imposible atender a un número determinado de ellos con los medios libres en un instante dado.

El enfado de los sanitarios tras propagarse de forma masiva el contenido de esta nota debe ver exactamente con la carencia de equipos protectores y de medios asistenciales en los centros de salud de esta comunidad y de la mayoría del resto de España para ofrecer asistencia a la avalancha de pacientes que comenzó a llegar desde el ocho de marzo, hasta lograr su pico entre finales de ese mes y la primera quincena de abril. Como notificó el día de ayer este periódico, entre el veintiseis de marzo y el siete de abril las UCIS de los centros de salud españoles pasaron de atender a tres mil seiscientos setenta y nueve ingresados por Covid-diecinueve en estado crítico a acudir a prácticamente el doble, siete.069.

¿Qué sucedió en plena eclosión de la pandemia? Ocurrió que cientos de inficionados por el nuevo coronavirus asistían en demanda de atención médica a las emergencias de los centros de salud, algo que se generó de forma más intensa en los situados en núcleos poblacionales con mayores brotes de la enfermedad. Una vez examinados los enfermos, las emergencias decidían los ingresos dependiendo del estado de salud observado y del espacio que hubiese en ese instante en las plantas de hospitalización. La avalancha de enfermos provocó ya en el tercer mes del año que muchas de estas plantas estuviesen llenas y que cientos de enfermos tuviesen que aguardar en ocasiones días en las emergencias hasta el momento en que los centros de salud pudiesen hallar lugar a través de la ampliación de camas, las altas o bien los fallecimientos de los ingresados.

Dada la carga que mostraba el virus en esos instantes, un número esencial de los que estaban ya en planta empeoraron de tal modo, que se hizo preciso su ingreso en UCI. A pesar de que la mayor parte de los centros de salud llegaron a multiplicar por tres sus camas de críticos, la carencia de personal especializado y de equipos de ventilación mecánica convenientes bloqueó estas unidades. En abundantes centros, reconvertidos en genuinos centros de salud de campaña en apenas unos días, los médicos se vieron en la obligación de seleccionar a qué pacientes ingresaban en ellas y a cuáles no en función de sus posibilidades de superviviencia.

Por lo general, como notificó este periódico, emplearon modelos matemáticos en función de deteminados factores de salud entre aquéllos que figuraba la edad, mas asimismo herramientas de triaje avaladas por las sociedades científicas para emplear en instantes críticos como las epidemias, en los que todos y cada uno de los recursos se transforman en deficientes. Las UCIS de la villa de Madrid llegaron a tener a más de mil seiscientos ingresados en pleno pico de la pandemia y el sistema no daba más de sí, si bien fue aliviado en la capital de España con la apertura del centro de salud de campaña de Ifema.

Los médicos consultados por LA RAZÓN culpan de la carencia de respiradores al Gobierno. El día de ayer, este periódico notificó de que apenas unas decenas y decenas de los miles y miles de dispositivos de ventilación mecánica adquiridos por el Ministerio de Sanidad podían utilizarse verdaderamente en las UCIS, puesto que la mayor parte, a pesar de pagarse a costes exorbitantes, o bien eran para apneas del sueño, o bien no eran ideales para la atención de enfermos de Covid-diecinueve críticos, por tratarse de dispositivos con fallos de precisión o bien sencillamente de transporte.

La nota de la Fiscalía ha puesto asimismo de pie de guerra a los gerentes de los centros de salud. 2 de ellos aseguran a este periódico que consideran «vergonzoso» que el Ministerio Público «se meta con los profesionales cuando la razón de que tuviesen que aplicar criterios de inclusión en las UCIS fue la falta palpable de materiales convenientes proporcionados por el Ministerio de Sanidad ya antes y tras la declaración del estado de alarma». Fuentes sanitarias aseguran que muchos de los médicos que debieron adoptar resoluciones tan trascendentales lo hicieron por el hecho de que no quedaba más antídoto y con el propósito de salvar el mayor número posible de vidas. El contrasentido, aseguran, es que ahora, encima, sean objetivo de la Justicia, en vez de que esta se dirija contra la administración que actuó tarde y retrasó la adquisición de materiales o bien, sencillamente, la hizo mal.

Fuentes jurídicas aseveran por su lado que ciertos jefes de servicio pueden tener inconvenientes por no haber notificado de forma oficial la carencia de recursos que había aquellos días y por no haber pactado unos criterios de triaje.

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