La Fiscalía se opone al posible cierre perimetral de Canarias
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La Fiscalía se opone al posible cierre perimetral de Canarias

La Fiscalía acredita la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no permitir al Gobierno insular pactar el cierre perimetral de la comunidad autónoma en los niveles tres y cuatro de alarma por peligro de contagio por coronavirus. En sus alegaciones, el Ministerio Público solicita al Tribunal Supremo que rechace el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo canario, que por último decidió no obstante recurrir el veto judicial al toque de queda.

Se da la coyuntura de que la Fiscalía provincial sí acreditó ese cierre perimetral, algo que no hizo con el toque de queda, una vez extinguido el toque de queda el día pasado nueve. Y esa fue la razón, exactamente, de que el Gobierno canario decidiese recurrir solo la negativa a del TSJ a permitir el cierre perimetral, dejamos de lado proponer batalla judicial en comparación con toque de queda.

Ahora, no obstante, el fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Pedro Rizado, sostiene que el Ejecutivo insular no ha precisado como debía cuál es el objeto que justifica el interés del recurso de casación, que el Ministerio Público no aprecia en ningún lado.

“Lo que la discrepancia que el recurso de casación demanda no se centra, de ninguna forma, en la interpretación de la ley -remarca la Fiscalía- sino más bien en la interpretación -valoración- del contenido específico de las medidas propuestas, que, cabe agregar, centran la atención de la Sala de Canarias en aspectos concretos del régimen de salvedades a la restricción de movimientos que no son iguales que los que se planteaban por los respectivos gobiernos autonómicos en los casos de Baleares, la capital de España, Valencia, Extremadura y Galicia” (donde sí recibieron el plácet de sus respectivos TSJ).

Mas, en cualquier caso, mantiene que la intención del Gobierno autonómico solo persigue un aval judicial a la “discrecionalidad de la autoridad sanitaria”.

Se refiere a una situación hipotética -asegura en referencia a que en estos instantes ninguna isla se halla en el nivel tres o bien cuatro de alarma sanitaria-, dándose la coyuntura de que la homologación judicial a priori de las medidas de contestación a ese presupuesto hipotético deja realmente a cargo de la Administración, ya sin control judicial específico alguno, la ulterior consideración fáctica de la necesidad de su aplicación”.

El fiscal recuerda que el TSJ rechazó ese cierre perimetral por 2 motivos. Por una parte, se opuso a medida restrictiva del derecho a la libre circulación “porque las posibles salvedades a su aplicación no están, a juicio del tribunal, suficientemente delimitadas”. Y, por otro, por el hecho de que ciertas de esas salvedades “carecen de una justificación congruente en el marco de la finalidad que las autoridades sanitarias aseveran perseguir”.

Y es que el tribunal superior apuntó que lo que pretende el Ejecutivo autonómico “sin justificación suficiente o bien idónea” un régimen diferente para la circulación dentro de cada isla, para los desplazamientos de una isla a otra y, asimismo, desde el exterior del archipiélago “en ciertos casos que se vinculan al favorecimiento del turismo”.

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