La juez de Ceuta sostiene la suspensión de la repatriación de menores a Marruecos
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La juez de Ceuta sostiene la suspensión de la repatriación de menores a Marruecos

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha acordado sostener paralizada la entrega de 9 menores no acompañados a las autoridades de Marruecos, conforme consta en un auto de veinticuatro de agosto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De este modo, la juez no hace caso al criterio del Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, había pedido que se reactivasen las expulsiones en razón de la situación inusual que se vive en Ceuta desde mayo y que contaban con el amparo de un pacto a dos bandas entre Marruecos y España.

Por contra, la juez sí secunda la opinión de la Fiscalía de Menores que había reclamado que se frenase la repatriación de los pequeños al comprobar que, contra las previsiones legales, no se estaban realizando expedientes de expulsión personalizados, tal como denunciaron las asociaciones Organizadora de Distritos y Fundación Raíces.

La resolución señala que el Pacto subscrito entre España y Marruecos el seis de marzo de dos mil siete, bajo el paraguas se estaba efectuando las expulsiones, “no es un tratado internacional […], esto es un pacto de carácter internacional no constitutivo de tratado ni conforme internacional administrativo”.

El pacto de seis de marzo de dos mil siete, sigue la juez, “tan solo contiene una declaración de pretensiones por los Estados contratantes para colaborar en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, y en el retorno de tales menores”, detalla el auto, que destaca que las autoridades españolas se comprometieron a cumplir “con observancia rigurosa de la legislación de España, las reglas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Por lo tanto, concluye la instructora, “solamente es posible hacer dicha repatriación si esta se efectúa con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico”.

Y en los casos mentados, la Delegación de Gobierno debería haber comenzado un expediente con el objetivo de determinar las específicas circunstancias de cada uno de ellos de los menores, y que debía haberse trasladado a la Urbe Autónoma, que tutela a los menores, al Ministerio Fiscal y al propio pequeño a fin de que pudiesen argüir sus alegaciones sobre la pertinencia de su repatriación. El proceso debía concluir con “la emisión de una resolución administrativa motivada, en la que el órgano eficiente, […] la Delegación del Gobierno, decida sobre la repatriación del menor”.

Además de esto, la Ley de Protección Jurídica del Menor da a todo menor, con independencia de su situación legal, el derecho a ser oído tanto en procesos como administrativos, sigue el auto, que concluye que “no consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites”.

“No se ha aportado información alguna de los menores perjudicados que dejen conocer los datos que han determinado su repatriación”, sigue la juez, que resalta que en los casos de los 9 pequeños “no consta que se haya comunicado el comienzo del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Urbe Autónoma a pesar de aceptar esta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal, sin que de ninguna forma pueda comprenderse que se cumple con los trámites demandados la pura remisión a Fiscalía del listado de menores que ese día se marchan a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible”.

La resolución asimismo incluye un parágrafo en el que advierte a las Administraciones implicadas en las expulsiones sobre su actuación, en tanto que resalta que uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus términos: “Ello implica que todos, incluyendo las Administraciones, tienen la obligación de las reglas actuales, sin efectuar salvedades no contempladas de manera expresa en el propio texto normativo”.

Y en el presente caso la legislación de España no introduce salvedad alguna en la tramitación del procedimiento para la expulsión de los menores, afirma la juez, que mantiene que “no puede tomarse en consideración el número de menores que hay en Ceuta con ocasión de la situación generada el diecisiete de mayo para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales”.

De ahí que, el incumplimiento de estos trámites producen “indefensión” en los menores que han sido privados de la posibilidad de elaborar alegaciones y de conocer los datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión”, afirma el auto, en el que la juez pone de manifiesto “que existen datos bastantes para comprender, sin prejuzgar el fondo del tema, que se podría haber producido una transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva” de los menores.

En la resolución la juez asimismo aclara que en este procedimiento la parte demandada es la Delegación del Gobierno de Ceuta y que ese el motivo por el cual no se ha dado audiencia a la Urbe Autónoma de Ceuta para decidir sobre las medidas cautelares reclamadas por las organización sin ánimo de lucro Organizadora de Distritos y Fundación Raíces.

Exactamente Patricia Fernández, letrada de Organizadora de Distritos asegura que el auto “reconoce que ni el marco normativo de protección a la niñez ni los derechos de los pequeños y pequeñas aceptan salvedades. Ahora urge el compromiso de todas y cada una de las instituciones del Estado para asegurar la mejor atención a estos pequeños, con pleno reconocimiento de sus derechos y satisfacción de sus necesidades”.

Por su lado, Paloma García de Viedma, letrada de Fundación Raíces mantiene que todas y cada una de las justificaciones que las diferentes Administraciones han ido dando desde el pasado viernes “han sido rechazadas por el Juzgado. Solo podemos aguardar que reconozcan el fallo y, desde este instante, actúen respetando escrupulosamente los derechos de estos pequeños. Para la protección de todos estos menores, en especial de los cientos que por temor a ser expulsados a Marruecos han escapado de los recursos de protección a lo largo de los últimos días, solicitamos al Gobierno de Ceuta y a la Delegación de Gobierno en Ceuta que pongan fin a estas repatriaciones sin garantías y aseguren una protección digna a todos y cada uno de los pequeños y niñas”, concluye.

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