La Justicia acredita el cartel de los “menas” de Vox pues menciona a “un evidente inconveniente social y político”
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La Justicia acredita el cartel de los “menas” de Vox pues menciona a “un evidente inconveniente social y político”

El controvertido cartel electoral en el que Vox equiparaba el costo de mantenimiento de los “menas” (menores extranjeros no acompañados) para las arcas públicas con el desembolso en pensiones fue una “crítica gráfica y directa” sobre la cuantía de exactamente las mismas en contraste con lo que cuesta el mantenimiento de tales jóvenes. De esta manera lo considera la Audiencia de la capital de España en una resolución en la que acredita la negativa de una juez de guarda de no ordenar la retirada del cartel, como pidió la Fiscalía. Los jueces rechazan de esta manera el recurso interpuesto por el Ministerio Público, al que se adhirió el Partido Socialista Obrero Español.

Y es que la Audiencia madrileña asegura compartir “plenamente” la resolución recurrida, que enmarca en “la lícita lucha ideológica-partidista en el contexto de una batalla electoral”, campañas en las que -destaca- “constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos”.

Mas la Sala va más allí y reconoce que tiene “serias dudas” de que los hechos denunciados “puedan ser considerados un delito de odio, dada la manera de presentarse y de haberse expresado en una campaña electoral donde solo deben perseguirse hechos por un partido legal y cuya patentiza delictiva sea meridianamente presumible”.

En verdad, en la resolución se arguye que lejos del mensaje de odio que denuncian la Fiscalía y el Partido Socialista Obrero Español, el cartel “también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo considerablemente más abundante que el de los “menas” mediante una “crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones -particularmente de jubilación o bien viudedad- en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o bien finalidades, como es el mantenimiento de tales jóvenes que, independientemente de si las cantidades que se ofrecen son o bien no veraces, representan un evidente inconveniente social y político, aun con consecuencias o bien efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”.

“No cabe, puesto que, tildar de delictivas -defiende mencionando a la jurisprudencia sobre los delitos de odio- la emisión de determinadas ideas a menos que su finalidad sea conminar, agraviar o bien despreciar, o sea, que incluso suponiendo una crítica, esta es lícita si se expresa de tal modo que no persiga dichos fines ilícitos”.

En el cartel puesto en la estación de metro de Sol a lo largo de la campaña de las pasadas elecciones a la Reunión de la capital española se equiparaba la inversión que requiere a las arcas públicas el mantenimiento mensual de un “mena”, unos cuatro mil setecientos euros por mes conforme la capacitación de la ciudad de Santiago Abascal, en frente de los que recibe una pensionista, que ubicaba en cuatrocientos veintiseis euros mensuales.

Para la Fiscalía, el cartel provocaba rechazo social y “hostilidad” cara los “menas” al trasladar “una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, siendo este el término incorporado con carácter general con respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.

No obstante, la Audiencia de la capital de España mantiene que el cuestionado mensaje electoral “encuentra apoyo” en la Constitución, tanto en el artículo seis -que garantiza el pluralismo político de los partidos- como en el ciento sesenta y uno (que consagra la libertad ideológica) y el doscientos uno a) que reconoce y resguarda “los derechos a expresar y propagar de forma libre los pensamientos, ideas y creencias a través de la palabra, el escrito o bien cualquier otro medio de reproducción”, o bien aun en el artículo veintitres (derecho de los ciudadanos a participar en los temas públicos de manera directa o bien a través de sus representantes.

“Entendemos que se trata de un eslogan electoral que como tal no deja considerarlo, a través de un empleo alternativo del derecho, como unas ideas a prohibir mientras que tienen que aceptarse otras de signo contrario, mas tan censurables o bien más que éstas”, deja claro el tribunal. Hasta el punto de que los jueces consideran una interpretación en este sentido “incompatible con un régimen de libertades” y con un Estado de Derecho “digno de su nombre”. “Los tribunales no podemos ampararla”, remacha.

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