La Ley de Universidades va a dar control al estudiante para observar la calidad de la docencia y negociar exámenes
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado el Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que va a ser aprobada en próximas semanas por el Consejo de Ministros y que persigue “que las universidades estén más conectadas con la sociedad. Es un marco normativo que ofrece herramientas para amoldarse a la nueva época”, ha dicho en conferencia de prensa el ministro. El proyecto de ley incorpora cambios esenciales en comparación con proyecto elaborado por su predececesor, Manuel Castells.
Los estudiantes van a tener más control y derechos. Van a ser relevantes en el momento de proseguir y demandar la calidad de la docencia y van a tener acceso a la evaluación del profesorado. “Las evaluaciones de los enseñantes no tenían ninguna consecuencia, mas ahora los pupilos van a poder hacer un seguimiento del maestro en las comisiones donde se habla de planes enseñantes y guías docentes”, ha dicho Subirats. Su opinión va a ser vinculante. No obstante, el ministro ha asegurado que si bien “no van a decidir qué examen deben ponerse, pues sería un uso desmesurado del término vinculante, va a ser negociado, hablado y discutido con ellos en la manera en que se pueda resolver”. Su participación en los órganos de gobierno de la universidad, como el claustro o los consejos de capacitad o departamento deberá ser de un mínimo del veinticinco por ciento , cuando en la vieja ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado.
Los estudiantes van a tener derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Van a tener derecho a atención sicológica y sensible e inclusive van a poder administrar servicios universitarios dirigidos a los pupilos.
Cualquier universidad, tanto pública como privada, va a deber contar con planes de igualdad, medidas para suprimir la brecha salarial y protocolos en frente de todo género de acoso.
Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad van a ser obligatorias y todos y cada uno de los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal van a ser igualitarios (mujeres y hombres). Además de esto, en los concursos se van a poder aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.
La ley prevé que las universidades “cuiden de sus egresados” de tal forma que la relación con la universidad no se acabe en el momento en que un pupilo sale de la universidad con su título bajo el brazo. Los viejos pupilos “tendrán prioridad para actualizar sus estudios a fin de que cuando se consigue la licenciatura no se acabe el contacto”, ha dicho el ministro.
La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma los grados van a durar 4 años, “excepto cuando haya pactos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese pacto incorpore los 3 años”, ha dicho Subirats. Así, la idea es flexibilizar la duración de los grados para que puedan cohabitar las carreras de 3 años (ciento ochenta créditos, el 3+2) con las de 4 años (doscientos cuarenta créditos, el 4+1), como ocurre en ciertos países europeos, un modelo que ciertos estiman que puede favorecer la internacionalización, si bien hay quien considera que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.
El Gobierno busca una ley que mire a Europa. Por eso, el proyecto de LOSU prevé que el Gobierno, Comunidades autónomas y universidades realicen estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Se trata, además de esto, de establecer coaliciones universitarias europeas de tal forma que haya títulos compartidos. “La europeización del sistema universitario no es únicamente una necesidad sino más bien una exigencia”, ha afirmado el ministro Subirats.
Pasa a ser una prioridad la movilidad internacional del alumnado, del Personal Enseñante Estudioso y del PAS.
Además de esto, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al terminar los estudios universitarios de grado, máster o postgrado, se va a poder optar a un visado de un par de años para hacer prácticas o trabajar.
La LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función está dirigida a atraer profesorado de prestigio académico e estudioso, tanto nacional como extranjero.
Las universidades van a dar microcredenciales, esto es, programas de corta duración a los que se va a poder acceder con otro título precedente o sencillamente con experiencia profesional. Se trataría de títulos propios que dan entre treinta y cuarenta CTS. El ministro ha detallado que sobre este tema hay un discute en toda Europa pues hay un claro desajuste entre la capacitación que se da y las necesidades de las compañías.
La ley prevé una universidad “abierta a todas y cada una de las edades”. Y es que el ministro ha dejado clarísimo que “tenemos que superar la idea de que de lo que hayas estudiado vas a continuar viviendo toda la vida”. Ahora solo el seis por ciento de los universitarios tienen más de treinta años y el reto es llegar al mayor número posible de personas con independencia de su edad.
Subirats piensa que ahora las universidades tienen el reto de la digitalización mas, a la vez, hay que “resignificar” la presencialidad pues “las universidades han sido un sitio de contacto entre profesores y pupilos y entre estudiantes, mas no se puede abandonar a la presencialidad como factor esencial”.
El Ministerio ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal modo que una persona que empieza sus estudios de doctorado va a poder tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no hallaba estabilidad ya antes de los cuarenta y seis años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.
El acceso a la carrera se efectuará con la figura del Asistente Doctor, con un contrato de seis años (en vez de los cinco de la LOU). Para esta figura no va a ser precisa la acreditación y se va a acceder por concurso público. Pasados estos seis años se va a poder lograr la estabilización mediante las figuras de Titular de Universidad o de Permanente Laboral, a través de la acreditación pertinente y un concurso público. La tercera etapa va a ser la de promoción a la figura de catedrático.
La ley pretende que haya menos personal en situación temporal de tal modo que no se pueda superar el veinte por ciento de la plantilla de personal enseñante e estudioso. Y es que Subirats estima que a lo largo de años el profesorado ha estado contratado bajo figuras que no son las convenientes, como el de asociado, visitante…
La ley pretende recobrar el valor de la figura de maestro asociado que aportarán sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, con un máximo de 120h laborables. Además de esto, se incorpora la figura del profesorado Substituto cuya finalidad exclusiva es la de reemplazar al PDI con derecho a reserva de puesto que suspenda provisionalmente sus servicios. De este modo, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado, conforme ha explicado el ministro.
Los profesores van a ser sometidos a evaluaciones cualitativas y cuantitativas, tendrán presente el acceso abierto, el impacto territorial, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las peculiaridades de cada disciplina académica. Para eludir prácticas endogámicas, se ha previsto que en todos y cada uno de los concursos públicos la universidad convocante esté en minoría y los miembros van a ser elegidos por sorteo.
Los enseñantes, además de esto, deberán efectuar un curso de capacitación pedagógica en el primer año de acceso, del mismo modo que ocurre para poder dar clases en etapas no universitarias.
La ley da libertad a cada universidad a fin de que escoja el sistema de elección de rector que considere y suprime la obligación de que deba ser catedrático. Se va a poder ostentar el cargo de rector a lo largo de un máximo de 6 años “improrrogables y no renovables”.
En lo que a gobernanza y estructuras se refiere, plantea 4 estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El claustro va a ser el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria y deberá asegurar siempre y en toda circunstancia un veinticinco por ciento de mínimo de representación del alumnado, como una representación del cincuenta y uno por ciento para el personal enseñante e estudioso. Además de esto, se afianza el Consejo de Estudiantes en todos y cada universidad.
Las universidades van a tener autonomía para la definición de sus estatutos así para la creación de otras estructuras en departamentos y facultades.
Las unidades de diversidad van a deber contar con un servicio de atención a la discapacidad y contar con de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra
Se establece asimismo un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de trabajo público, las universidades van a deber facilitar la lengua de signos como promover estudios propios amoldados a personas con discapacidad intelectual o de otra clase.
Subirats ha asegurado que, en los últimos tiempos, la financiación a las universidades ha bajado un veinte por ciento y no hemos recuperado los niveles precedentes a dos mil nueve. Por eso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un gasto del 1 por ciento del PIB. Esto supone un avance con relación a los datos actuales de gasto que rondan el cero con siete por ciento de media del PIB tras una década en que las universidades se han visto perjudicadas por los recortes y políticas de parquedad producidas por la precedente crisis económica de dos mil ocho. Este incremento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un cinco por ciento del PIB de gasto en educación o el uno con veinticinco por ciento que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados. “No podemos solicitarles sacrificios a las universidades si no van acompañadas de financiación y las comunidades autónomas van a deber hacer acá su parte”, ha afirmado el ministro en este aspecto.
La LOSU pretende que la ciencia sea abierta a la ciudadanía como un factor esencial. Todas y cada una de las publicaciones van a ser alcanzables pues “es esencial que las universidades no solo charlen de trasferencia, sino más bien de intercambio entre la sociedad y las universidades”.