Los editores urgen al Gobierno a que apruebe lo antes posible los contenidos curriculares de la Lomloe
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Los editores urgen al Gobierno a que apruebe lo antes posible los contenidos curriculares de la Lomloe

A un año de que se empiece la aplicación del nuevo currículo en medio de los cursos de las distintas etapas de la enseñanza, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) se muestra intranquiliza y preocupada “por la dilación que se está generando en la preparación de la propuesta curricular tanto del Ministerio como de las Administraciones educativas autonómicas”. De esta forma lo hace en su Informe “El libro y contenidos educativos en España. Curso dos mil veintiuno-2022”, que examina entre otros muchos aspectos, los desafíos a los que se encara la edición educativa en España.

En este documento, los editores recuerdan que “con una reforma curricular que supone un enfoque por competencias tan explícito, extenso y sistemático como el que se está proponiendo, los libros de texto (en papel o bien digitales) se transforman en herramientas que pueden facilitar la labor del profesorado proporcionándoles orientación y guía en la puesta en marcha del nuevo currículo. Asimismo para los progenitores, en tanto que en ellos pueden localizar información sobre los trabajos de sus hijos y herramientas a fin de que puedan ayudarles”.

Para cumplir esta función, es principal, ahora contar con los currículos con la intención de poder comenzar la preparación de los libros y materiales curriculares a fin de que estén libres al principio del próximo curso escolar dos mil veintidos-dos mil veintitres. En este sentido, los editores, aguardan que, puesto que el Ministerio ha manifestado en repetidas ocasiones su interés en que el Estado y las autonomías pudiesen cooperar y trabajar paralelamente en la preparación de la normativa curricular, “sería deseable que estas buenas pretensiones se concretaran y se consiguiera algo más de acuerdo que el que se ha producido en la tramitación de la Ley, dejando al lado las cuestiones partidistas”, aseguran en una nota de prensa remitida a los medios.

Además de esto, consideran del mismo modo esencial que se pudiese lograr un pacto para lograr una mayor homogeneización de los currículos de las distintas Comunidades Autónomas que la que se generó con la LOMCE. “La LOMLOE garantiza un esencial nivel de autonomía a las CCAA de cara al desarrollo de sus currículos, mas nada impide que, en los trabajos que estas están desarrollando con el Ministerio, se pueda generar un elevado nivel de pacto que, cuando menos en las áreas científicas, pueda generar una mayor homogeneización de la enseñanza. Resulta de todo punto ininteligible la existencia de diecisiete ediciones diferentes de un libro de matemáticas a consecuencia de la dispersión de las políticas educativas”, apunta el informe. Diferencias que, además de esto, de producir complejidad en la edición escolar que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones poco a poco más limitadas a cada territorio y el coherente encarecimiento de los costos. Situación que termina repercutiendo en el costo de los libros.

Para los editores, el curso dos mil veintiuno-dos mil veintidos forma un año de transición, primeramente, cara una vuelta a la normalidad en las salas tras un par de años marcados por la pandemia del coronavirus. En segundo, por estar a las puertas de un nuevo desarrollo curricular. Y, finalmente, por la necesidad de repasar el proceso de integración de las nuevas tecnologías en las salas.

Intervención de las Administraciones educativas y pluralismo educativo Con respecto a esto último y, en lo referido a los contenidos, el Informe de ANELE alarma de que la intervención de las administraciones Educativas autonómicas fomentando la creación y/o contratación de ciertos recursos digitales podría poner bajo riesgo el pluralismo educativo. Los editores recuerdan que la Ley establece que los enseñantes son los únicos que pueden elegir qué libros y materiales se emplean en sus clases, con lo que, señalarles qué recursos deben emplear podría, aparte de suponer la vuelta al libro único, poner bajo riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. “Por no charlar de lo que supondría que sea un determinado Gobierno quien determine qué desarrollo de los contenidos se dan en sus clases”.

El informe mienta las resoluciones adoptadas por comunidades como Galicia, la capital española o bien Castilla y León para contratar de manera directa ciertos contenidos para incorporarlos en sus plataformas educativas dando solo una alternativa a los profesores que, además de esto, podría no ser conveniente para la metodología educativa empleada en el centro.

En una línea afín se manifiestan en frente de la promoción de la creación de los Recurso Educativos en Abierto (REA) proponiéndolos como opción alternativa a los libros de texto. El Informe de ANELE apunta que los editores educativos siempre y en toda circunstancia han reconocido el papel ventajoso que desempeñan los materiales creados por los enseñantes como complemento de los materiales elaborados por las compañías. De este modo se está generando en otros países de nuestro ambiente en los que un enfoque híbrido entre libro de texto y REA es algo más que bien recibido por el colectivo enseñante. “En el caso de España, semeja irse en sentido opuesto y muchos de estos proyectos proponen la dicotomía entre REA y libros de texto”.

El Informe recuerda que la preparación de libros y contenidos educativos es un proceso que precisa de labores de revisión y control en el que está implicado un equipo de especialistas que se hacen cargo de Jefe de Prensa que estos lleguen a las salas con los máximos estándares de calidad. “No sería la primera vez que, en España, proyectos REA por medio de plataformas públicas carecen de cualquier control no solo de la calidad de los contenidos que se incorporan a estas, sino más bien, asimismo, del empleo incorrecto de material sujeto a derechos de propiedad intelectual”.

Para los editores, las dos ideas, contratación de unos ciertos contenidos o bien la promoción de la creación de REA, son resoluciones que, aparte de superfluas, dada la extensa oferta de recursos digitales desarrollada por las compañías (más de veinticinco para el curso dos mil veintiuno-dos mil veintidos), “carece de cualquier justificación y distorsiona gravemente la competencia y el libre mercado”.

ANELE apunta en su informe que, a lo largo de estos cursos de pandemia, en una situación de necesidad como la vivida, las autoridades educativas, tanto nacional como autonómicas, demandaron el apoyo del ámbito editorial para ofrecer herramientas con las que poder seguir con las clases. “Como siempre y en todo momento, la contestación fue inmediata y útil por la amplitud, pluralidad y riqueza de la oferta. A lo largo de estos 2 cursos el número de acceso a las plataformas en línea de las editoriales han superado los 3.700.000 pupilos y profesores. Las editoriales aceptaron un costo que superó los cuarenta millones persuadidos de que este era el instante en el que debían dar soluciones a la comunidad educativa. No solo de contenidos, asimismo con actividades formativas para enseñantes y familias”. Los editores llaman la atención con respecto al valor que se ha concedido a los libros y contenidos editoriales en tiempos de necesidad y al poco valor que se les da por las Administraciones educativas en tiempos de normalidad.

En lo tocante al mercado de libros y contenidos educativos este está poco a poco más condicionado por las distintas normativas establecidas por las Administraciones Educativas autonómicas con respecto a los programas de ayudas a las familias que, en su gran mayoría, apuestan por la creación de sistemas de préstamos y bancos de libros. La resolución que las comunidades autónomas adoptan con respecto a la dotación presupuestaria y/o los calendarios de renovación establecidos, aun infringiendo su normativa, terminan condicionando a todo el campo,

El informe de ANELE apunta que la inseguridad con la que se empezó el pasado curso condicionó resoluciones como la renovación de los libros de aquellos cursos que habían cumplido el periodo de vigencia. Una situación que repercutió en el mercado de libros educativos que padeció una caída del seis con seis por ciento .

La cantidad de facturación alcanzó el curso pasado los setecientos sesenta y cinco con cuarenta y siete millones de euros, lo que nos retrotrae a lo registrado en el año dos mil catorce y lejísimos del máximo histórico registrado en dos mil ocho (ochocientos noventa y ocho con veintiocho millones de euros).

Una reducción de cerca de ciento treinta millones de euros que se genera existiendo novecientos pupilos más en las salas. En el curso pasado se vendieron un total de cuarenta y uno millones de ejemplares con un coste medio de diecisiete,97 euros el ejemplar, una cantidad que representa cinco céntimos de incremento en comparación con curso dos mil diecinueve-dos mil veinte .

En lo relativo a la inversión efectuada por las familias para la adquisición de libros de texto, el informe apunta que como se puede ver en la tabla se está reduciendo de forma gradual en los últimos tiempos. En verdad, en diez años, la minoración de esta ha sido de dieciocho con ochenta y cuatro€. Las razones de esto no tienen tanto que ver con un menor empleo de los libros de texto, que prosigue siendo mayoritario, sino más bien con el desarrollo de los programas de préstamo.

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