Sociedad

Los inspectores van a llevar a los tribunales a Celaá por su ley de Educación

Los inspectores de Educación están prestos a asistir a los tribunales y a llevar a la ministra Celaá a los tribunales si sale adelante la reforma de la ley de educación que determina que para ser inspector ya no va a hacer falta opositar y las comunidades autónomas van a poder nombrarlos con los criterios que consideren. Los inspectores piensan que esto sería «un coladero para el favoritismo a la carta». Y es que los cerca de mil seiscientos que hay en España han accedido al puesto solo tras acreditar que llevan 6 años en la enseñanza y tras someterse a 3 pruebas eliminatorias en las que deben probar que tienen un profundo conocimiento de la educación y del derecho administrativo, y tras someterse después a un concurso de méritos.

Los inspectores, como cuerpo autónomo, son los encargados de supervisar el cumplimiento en los centros de las leyes y reglas educativas, valorar la práctica enseñante y a los directivos y aconsejan a la comunidad educativa sobre sus derechos y obligaciones. De ahí que se temen que «si ahora son nombrados a dedo por intereses de tipo político, los órganos de control quedan absolutamente politizados, pierden su sentido y los ciudadanos caen en indefensión estructural», aseguran desde USIE, el sindicato que los reúne.

Alén de que esta modificación legal puede favorecer el amiguismo, como sospechan, piensan que podría ir a la contra de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Suprimir las oposiciones a la inspección «vulnera de forma clara y palmaria el artículo seiscientos dieciseis del estatuto» que expone que «los sistemas selectivos de funcionarios de carrera van a ser los de oposición y concurso-oposición que van a deber incluir, en cualquier caso, una o bien múltiples pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación».

Además de esto, piensan que «es un ataque frontal al comienzo de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo ciento tres de la Constitución Española». Es por esto con lo que estiman que el Gobierno, en un caso así, «desconoce y también ignora las leyes esenciales que mismo debe hacer respetar al eliminar de un plumazo las pruebas selectivas».

Los inspectores lamentan que la supresión de estas pruebas selectivas lo que supone, a su juicio, es una vuelta al pasado cuando deben primar los criterios de mérito, capacidad y también igualdad de ocasiones.

De este modo, con la enmienda introducida en la ley «pretende adulterar y trastocar fraudulentamente y, en consecuencia, sin ajustarse a la Ley, la naturaleza del Concurso-Oposición, como sistema de acceso a la función pública. La enmienda en su naturaleza es un ataque frontal al comienzo de objetividad de la Administración Pública contenido en el artículo ciento tres de la Constitución Española», expone el presidente del sindicato, Jesús Marrodán.

La “pesadilla de los políticos”

USIE lamenta que pueda ser una «pesadilla para políticos de cualquier signo político» el hecho de que estas plazas «puedan ser ocupadas por funcionarios enormemente preparados, que persigan, sobre cualquier otra consideración política de carácter meramente ideológico y clientelar, el ejercicio ecuánime y profesional de las responsabilidades inspectoras en educación».

Para mayor inri, ven una curiosa coincidencia en el hecho de que la enmienda introducida a la ley, a la que se ha adjudicado el número veintisiete sea exactamente el mismo número que el artículo que en la Constitución contempla el orden del derecho a la educación. Y se agrega, ahora, que «los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para asegurar el cumplimiento de las leyes».

Marrodán comprende que para acceder a la función pública enseñante debe prevalecer menos los contenidos memorísticos y proponer más temas ceñidos a la realidad mas las modificaciones introducidas «no solventan exactamente esto».

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