Nacional

no a otro mando único

Los datos epidemiológicos en España, con relación a la transmisión del coronavirus entre la población, insisten en un empeoramiento de la situación en este mes de agosto. «Las cosas no van bien» fue la expresión empleada por Fernando Simón el jueves para acotar la instantánea que dibuja el escenario actual en los centros de salud y en los centros de salud del país.

El agravamiento de los datos ha provocado en estas últimas semanas la reacción de los gobiernos autonómicos a través de la aplicación de medidas orientadas a disminuir al mínimo los peligros y a actuar en aquellos espacios públicos más susceptibles de transformarse en el comienzo de nuevos brotes. Mas la realidad, como en el mes de marzo y abril, semeja que empieza a superar a las administraciones.

A pesar de ello, desde Moncloa no contemplan hoy tomar medidas excepcionales. En el ambiente del presidente Sánchez y del ministro Illa, hay una preocupación creciente por la incidencia del virus, en especial por la evolución de los contagios en zonas como la villa de Madrid y el País Vasco. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran, no obstante, a LA RAZÓN que Sanidad no contempla ahora aplicar un mando único sanitario.

Tampoco regresar a una declaración del estado de alarma o bien dictaminar un retorno en el conjunto del país a una de las fases del protocolo de desescalada que prosiguió a las semanas de confinamiento. No está encima de la mesa «por ahora» la aplicación de esas medidas radicales, reconocen esas fuentes. Si bien insisten en que esta es la situación de Moncloa y de Sanidad hoy, en tanto que están pendientes de la evolución de la situación de la epidemia. Lo que el departamento de Illa y el Gobierno en conjunto sí proseguirán haciendo es continuar en contacto con los ejecutivos regionales para valorar en todos y cada instante la contestación más conveniente.

La oposición, mientras que, critica la parálisis de Moncloa y el día de ayer el PP volvió a demandar al Gobierno de Sánchez que acepte un mando único en materia sanitaria que busque regular las medidas y la lucha contra el virus en las diecinueve comunidades y urbes autónomas. El presidente de los populares, Pablo Casado, presentó hace poquitas semanas un bulto de medidas que, llegado el momento, servirían para actuar de forma radical sin regresar a declarar el estado de alarma. Y es que no se debe olvidar que el propio Gobierno se comprometió a dar forma a una reforma legal de múltiples reglas con la meta de articular un «plan B» que evitase tener que regresar a declarar el estado de alarma frente a una ocasional segunda ola grave del virus.

Múltiples miembros del Gobierno aseguraron a fines de mayo y principios de junio que se trabajaba en ese «plan B». Esa opción alternativa al estado de alarma, conforme aseveraron entonces, estaría formada por una mejora en la coordinación de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y del de España como en la modificación de leyes en vigor como la Ley General de Sanidad, de 1986; la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003; la Ley de Seguridad Nacional, de 2015; y la Ley General de Salud Pública, de dos mil once. A pesar de los anuncios y con una segunda ola del virus ya en ascenso, ese «plan B» prosigue sin ser abordado desde el Ejecutivo. La única reacción de la Presidencia del Gobierno fue la comunicación que efectuaron el día de ayer en torno a la vuelta de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa.

Con respecto a ese «plan B», prosigue sin haber unanimidad entre los juristas en el momento de valorar si dejaría encerrar a los ciudadanos. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera, destaca que si se quiere limitar derechos solo se puede hacer declarando el estado de alarma si estamos frente a una restricción o bien declarando el estado de salvedad, si estamos frente a una suspensión. Resalta que se podría aplicar la ley de protección civil o bien la de seguridad nacional que permite al Gobierno adoptar medidas afines. Y plantea alterar la normativa sanitaria para eliminar más maniobra a las autoridades autonómicas.

Por otra parte, Carlos Sánchez de Pazos Peigneux, maestro de Derecho Constitucional de la URJC, advierte de que en el caso de crear nueva legislación sobre derechos esenciales «tampoco es obvio que se pueda adoptar cualquier medida restrictiva». A su modo de ver, lo más lógico es una mayor coordinación entre comunidades y hacer una ley concreta para el covid que reduzca el margen de interpretación de los jueces.

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