Obligar a los Gobiernos a cumplir sus promesas en presupuestos y deuda, la propuesta de la Airef para terminar con el despilfarro
Economía

Obligar a los Gobiernos a cumplir sus promesas en presupuestos y deuda, la propuesta de la Airef para terminar con el despilfarro

Terminar con el despilfarro, el gasto sin medida y el incumplimiento de los compromisos electorales de los Gobiernos. Esa es la última propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la reforma de las reglas fiscales europeas, en la que plantea que cada Gobierno entrante comprometa ante Bruselas una trayectoria fiscal al comienzo de la legislatura, estableciendo un ancla de deuda concreta para el país y una ruta de gasto derivada de ella para todo el orden. Esta ruta, basada en la deuda y el gasto y no en el déficit, habrá de ser aprobada por el Parlamento y las autoridades comunitarias y sería la referencia vinculante para los 4 años siguientes. No obstante, podría alterarse en circunstancias inusuales a través de la activación de una cláusula de escape.

Hoy mismo, el Banco de España ha publicado la deuda de las administraciones públicas, que marcó en el mes de agosto un nuevo récord histórico, superando los uno con cuarenta y nueve billones de euros, tras acrecentar en otros cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones en el último mes. Esto supone un incremento setenta y dos y veintinueve millones en comparación con la deuda del mismo mes de dos mil veintiuno, un cinco con uno por ciento más, una situación que pone en contrariedades el futuro económico a medio y a largo plazo.

En las próximas semanas está previsto que la Comisión Europea proponga alguna propuesta sobre la reforma de las reglas del Acuerdo de Estabilidad y Desarrollo que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros y que se desactivaron por la pandemia y siguen aún suspensas debido al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de costes.

Por este motivo, la Airef ha querido anticiparse con una propuesta que, a la inversa que el sistema actual, prevé rutas concretas por países -en vez de exactamente los mismos umbrales para todos-, un encaje temporal basado en la legislatura -en vez de en años- y ubica en el centro la evolución de la deuda en un medio plazo -en vez del déficit-. En suma, la propuesta ataja ciertos que considera primordiales inconvenientes de las reglas actuales, entre ellas su carácter temporal, que reemplazaría objetivos anuales por una trayectoria fiscal de legislatura.

Con este sistema, cada Gobierno, al comienzo de su orden, definiría una ruta de política fiscal -en un marco básico establecido a nivel europeo- para toda la legislatura, que sería sometida al propio Parlamento y al visto bueno de Bruselas y que pasaría a ser vinculante para ese Ejecutivo. Esta ruta de política fiscal no viraría en torno a una meta concreto de déficit, como ocurre en nuestros días, sino más bien en un “ancla de deuda” u objetivo viable de evolución de la deuda dependiendo de la situación de partida, la tendencia y cuánto podría corregirse si se adoptan medidas conforme a la trayectoria histórica.

Una vez establecido este “ancla” u objetivo de deuda a 4 años (duración de la legislatura), y teniendo presente la proyección de déficit primario del país, el Gobierno entrante adoptaría un compromiso de límite de gasto primario para de año en año de la legislatura que dejara llegar a ese ancla de deuda. Este límite de gasto estaría expresado en millones de euros y se repartiría entre los diferentes subsectores de la Administración, con límites concretos para de año en año. Además de esto tendría, como el presente, la posibilidad de recurrir a una “cláusula de escape” -que podría ser afín a la presente, si bien con mayor obligación de acompañarla de una ruta de reequilibrio- y de modificación, por servirnos de un ejemplo de producirse un cambio de gobierno o brotan coyunturas económicas inusuales.

En lo referente al control, todos los años sería preciso valorar si se ha cumplido con el límite de gasto propuesto y, en el caso de generarse un “error grave”, sería la Comisión Europea la que aceptara la supervisión para asegurar la vuelta a la ruta fijada por el propio gobierno. De no ser así, esta supervisión correspondería a las autoridades fiscales nacionales. Con este sistema, se desplaza la iniciativa de diseño de la estabilidad fiscal de Bruselas al Gobierno de cada país, lo que a su juicio hace transparente el proceso y facilitaría su cumplimiento.

La Airef asimismo ha detectado ciertos inconvenientes e inconvenientes del marco fiscal europeo actual que “no ha bastado” para diseñar políticas fiscales nacionales “estables y predecibles” en los diferentes países. En verdad, en España el organismo independiente apunta que la deuda pública ha alcanzado niveles no vistos previamente en “tiempos de paz”. Conforme explica, el mecanismo sancionador actual ante incumplimientos de las reglas por la parte de los países “no ha funcionado” y ni tan siquiera se ha ido aplicado por diferentes motivos durante su vigencia. Desde el organismo, estiman que ese marco sancionador económico se debería suprimir -si bien no piensan que la Comisión renuncie totalmente a él-.

De esta manera, en cierta forma se contestaría en el campo fiscal el esquema de gobernanza del Mecanismo de Restauración y Resiliencia. Esto daría a cada Gobierno la posibilidad de proponer sus prioridades y rutas, en sus orientaciones comunes para todos y cada uno de los Estados miembros, promoviendo así su apropiación política. En este sentido, la implicación política en el diseño y aprobación de una ruta fiscal acrecentaría el costo reputacional asociado a su incumplimiento o modificación, dotando de más estabilidad a las rutas de medio plazo. “Una ruta vinculante propuesta al comienzo de la legislatura podría acrecentar de forma notable el costo político asociado a su modificación”, aseguran desde la Airef.

En verdad, explican que los países con situaciones más saneadas -como Dinamarca o Finlandia- cuentan con marcos fiscales súper laxos, mas el costo político y reputacional en el caso de incumplimiento de los objetivos de déficit o deuda es muy elevado. Finalmente, en lo que se refiere a los aspectos institucionales, la necesidad de que el nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades de cada país puede consolidarse desde la tarea de las instituciones independientes nacionales como la propia Airef.

Así, plantea que las instituciones fiscales podrían aceptar la supervisión fiscal en circunstancias de bajo peligro, con informes periódicos a los análogos de la UE en los foros de discusión pertinentes. La Comisión Europea sostendría su papel central en el momento de suministrar orientaciones de política fiscales concretas para cada país y el conjunto del área euro. Además de esto, en el caso de falta de cumplimiento por unas partes de los gobiernos, la Airef plantea que la supervisión pasaría completamente a manos de la Comisión Europea, que podría establecer requisitos más rigurosos incrementando el costo reputaciones de incumplimiento.

La propuesta es compatible, en cualquier caso, con los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria hoy en día actual en España y se ha discutido con el Tesoro a nivel técnico.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *