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Partido Socialista y Podemos marginan al Partido Popular en el acuerdo de reconstrucción

El Gobierno no está presto a que su iniciativa de iluminar una mesa de partidos para conducir la salida de la crisis del coronavirus naufrague por las maniobras del Partido Popular, que –consideran– trata de dilatar los plazos y difuminar la repercusión de Moncloa llevándola al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez admitió reconvertir el foro de discusión de diálogo sobre la reconstrucción social y económica en una comisión parlamentaria para atraer al Partido Popular al pacto, mas una vez conseguida su confirmación para participar, ha vuelto a actuar de forma unilateral, imprimiendo prisa a los tiempos sin contar con el primordial partido de la oposición. Los conjuntos parlamentarios de Partido Socialista y Unidas Podemos registraron el día de ayer en el Congreso la creación de una «Comisión Permanente para la Reconstrucción Social y Económica» bajo sus reglas. Tras eludir su puesta en marcha en la asamblea de la Mesa de la Cámara del pasado martes, ahora se pisa el acelerador a fin de que se apruebe, anterior audiencia de la Junta de Portavoces, en su asamblea del próximo martes día veintiocho de abril.

La propuesta se ha hecho sin acordar el texto con el Partido Popular a fin de que el esquema de trabajo obedezca a lo que deseaba el Gobierno y no a lo que deseaba el primordial partido de la oposición. Pese a haber llegado a un pacto con los populares sobre el formato parlamentario, existen fundadas discrepancias entre las dos formaciones sobre quién debe encabezar la comisión y sobre el objeto de sus trabajos. Al tiempo que el Partido Socialista Obrero Español desea que verse sobre 4 áreas de trabajo orientadas a relanzar el país tras la pandemia: fortalecer la sanidad pública; reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la situación de España frente a la Unión Europea; los populares procuran que se fiscalice asimismo la administración del Gobierno a lo largo del periodo del estado de alarma. Esto ha generado malestar en el Partido Socialista Obrero Español que no desea que este órgano parlamentario se transforme en una comisión de investigación de la tarea del Ejecutivo, en vez de un instrumento para reconstruir el país tras el impacto del coronavirus. Un formato que al Gobierno le resulta interesante que deje una asunción global de la responsabilidad de arrancar severas medidas para asegurar la restauración social y económica tras las consecuencias de la pandemia.

Para evitarlo, los partidos del Gobierno han propuesto su diseño de la comisión y que los trabajos se desarrollen basándonos en las 4 áreas descritas previamente. La comisión emitirá un dictamen, que se remitirá al Pleno de la Cámara para su discute y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de estos trabajos.

La comisión va a tener una composición plural, con representación de todas y cada una de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, de forma que los pactos se adopten a través de el criterio del voto ponderado. Va a estar compuesta en concreto por cuarenta y seis miembros, de los que trece corresponderán al PSOE; 9 al PP; 5 a Vox; 4 a Unidas Podemos; uno a los conjuntos de ERC, PNV, Ciudadanos y Bildu; 4 al Conjunto Plural y 7 al Conjunto Mixto, uno por cada uno de ellos de los partidos que los integran.

El plazo establecido de cara al desarrollo de los trabajos de la comisión es de un par de meses, hasta junio, que va a poder ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces. Si bien en un primer instante el Ejecutivo deseaba que estos acuerdos se desarrollasen en el campo de Moncloa, por último se ha considerado que es el Congreso la instancia más legitimada y eficiente para cobijar la comisión.

Paralelamente al registro de la comisión parlamentaria a fin de que los trabajos empiecen lo antes posible, Moncloa sostiene la ofensiva sobre el líder del Partido Popular en su estrategia de que los acuerdos de reconstrucción se reediten en todos y cada uno de los territorios «gobierne quien gobierne». Desde la conferencia de prensa siguiente al Consejo de Ministros, la portavoz gubernativo, María Jesús Montero, acreditó explícitamente la actitud del Partido Socialista Obrero Español en aquellos lugares en los que desde el gobierno o bien la oposición ha protegido una coalición de estas peculiaridades.

Montero citó explícitamente los casos de la Comunidad de la villa de Madrid, Extremadura, Andalucía o bien Castilla y León como unos ejemplos en los que se ha admitido o bien lanzado un ofrecimiento para «caminar en exactamente la misma dirección» cara esta reconstrucción. «Este es el espíritu, poner el interés general por delante del partidista para iluminar medidas útiles con bases acordadas para conseguir unos cimientos sólidos para la reconstrucción», apuntó para apuntar: «Ceder un tanto para ganar mucho».

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