prevé financiación extra por peculiaridad lingüística

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado el Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que va a ser aprobado en próximas semanas por el Consejo de Ministros y que persigue «que las universidades estén más conectadas con la sociedad con un marco normativo que ofrece herramientas para amoldarse a la nueva temporada».

El proyecto de ley, que incorpora cambios esenciales en comparación con proyecto elaborado por su predececesor, Manuel Castells, asimismo incluye concesiones esenciales a las comunidades autónomas, sobre todo a las que tienen lengua propia, como Cataluña y País Vasco. Así un maestro va a poder lograr una plaza de funcionario anterior evaluación de méritos y competencias de la agencia de calidad autonómica, cuando, hasta el momento, esta función la ejercitaba la agencia evaluadora estatal, la ANECA, que ahora va a hacer convenios con las autonómicas a fin de que hagan por ella la tarea que siempre y en toda circunstancia ha venido desempeñando.

En el campo universitario muchos son los que piensan que este cambio «servirá a fin de que las autonomías pongan a sus similares y va a romper el carácter estatal de los cuerpos enseñantes», aseguran fuentes consultadas. Sindicatos como CSIF consideran que este nuevo procedimiento, «será más anárquico y problemático».

Mas las concesiones no terminan acá. La ley asimismo prevé financiación «por peculiaridad lingüística» y que las universidades «fomenten y faciliten el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales» como por servirnos de un ejemplo, el catalán, un tema, este último, que no es trivial, teniendo presente el enfrentamiento que existe en Cataluña con la imposición del catalán en las salas.

A esto se une que los estudiantes van a tener más control y derechos. Van a ser relevantes en el momento de continuar y demandar la calidad de la docencia y dispondrán de acceso a la evaluación del profesorado. «Las evaluaciones de los enseñantes no tenían ninguna consecuencia, mas ahora los pupilos van a poder hacer un seguimiento del maestro en las comisiones donde se habla de planes enseñantes y guías docentes», afirmó Subirats. Su opinión va a ser vinculante. No obstante, el ministro aseguró que si bien «no van a decidir qué examen deben ponerse, pues sería un uso exagerado del término vinculante, va a ser negociado, hablado y discutido con ellos en la manera en que se pueda resolver». Su participación en los órganos de gobierno de la universidad, como el claustro o los consejos de capacitad o departamento deberá ser de un porcentaje mínimo del veinticinco por ciento , cuando en la vieja ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado.

Los estudiantes van a tener derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Van a tener derecho a atención sicológica y sensible e inclusive van a poder administrar servicios universitarios dirigidos a los pupilos.

Cualquier universidad, tanto pública como privada, va a deber contar con planes de igualdad, medidas para suprimir la brecha salarial y protocolos en frente de todo género de acoso. Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad van a ser obligatorias, y todos y cada uno de los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal van a ser igualitarios (mujeres y hombres). Además de esto, en los concursos se van a poder aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

La ley prevé que las universidades «cuiden de sus egresados» de tal forma que la relación con la universidad no se acabe en el momento en que un pupilo sale de la universidad con su título bajo el brazo. Los viejos pupilos «tendrán prioridad para actualizar sus estudios a fin de que cuando se consigue la licenciatura no se acabe el contacto», explicó el ministro.

La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma los grados van a durar 4 años, “excepto cuando haya pactos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese pacto incorpore los 3 años”, ha dicho Subirats. De esta forma, la idea es flexibilizar la duración de los grados a fin de que puedan cohabitar las carreras de 3 años (ciento ochenta créditos, el 3+2) con las de 4 años (doscientos cuarenta créditos, el 4+1), como ocurre en ciertos países europeos, un modelo que ciertos estiman que puede favorecer la internacionalización, si bien hay quien considera que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

El Ministerio de Universidades ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal forma que una persona que comienza sus estudios de doctorado va a poder tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no hallaba estabilidad ya antes de los cuarenta y seis años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.