"Si el Senado está disuelto, no se puede aplicar el ciento cincuenta y cinco"
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«Si el Senado está disuelto, no se puede aplicar el ciento cincuenta y cinco»

El Gobierno está presto a que si la situación que se vive en Cataluña llega a un punto irreversible, con una Generalitat presta a no acatar el ordenamiento jurídico y las resoluciones que de este manan a pesar de los requerimientos efectuados a dicho efecto, a aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco. El Ejecutivo no tiene dudas de que sería una medida de manera plena ceñida a la legalidad constitucional y que en ningún caso vulneraría los requisitos que estableció el TC en su sentencia donde acreditó la aplicación del ciento cincuenta y cinco por el Gobierno de Rajoy.

No obstante, entre los juristas en Derecho Constitucional no hay una postura unánime a este respecto. Ni muchísimo menos, cada vez que hay quienes mantienen que esa medida se ajustaría a la Constitución y otros, en cambio, rechazan que pueda aplicarse el ciento cincuenta y cinco, sobre todo pues el Senado está disuelto. Donde sí aparece, en cambio, un sentir mayoritario, es en comprender que sería más viable, menos cuestionada a nivel jurídico y con efectos muy afines, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Entre quienes comprenden que el Gobierno estaría absolutamente legitimado para aplicar, llegado el momento, el articulo ciento cincuenta y cinco, está el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de la capital de España Enrique Arnaldo. A su parecer, el hecho de que el Gobierno esté en funciones y las Cámaras disueltas, no impide al Ejecutivo «poner en marcha, de comprender que se dan los presuntos de incumplimiento grave de sus obligaciones o bien de actuación contra el interés general de España –por una parte de las autoridades catalanas– el procedimiento del artículo ciento cincuenta y cinco. Y esto, agrega a este respecto, pues el artículo veintiuno de la Ley del Gobierno le capacita para adoptar los pactos o bien medidas «que comprenda precisas en el caso de emergencia, adecuadamente acreditada y en defensa de los intereses generales».

El Senado, del que se requiere mayoría absoluta para aplicar el ciento cincuenta y cinco, se hace presente «a través de su Diputación Permanente, a la que, con arreglo al artículo setenta y ocho de la Constitución, le toca velar por los poderes de la Cámara cuando no está reunida». Además de esto, Enrique Arnaldo resalta que el Parlamento «nunca desaparece, puesto que en los periodos entre legislaturas acepta sus facultades la Diputación Permanente, que es una representación proporcional del Pleno.

El catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras asimismo estima que el mentado artículo setenta y ocho de la Constitución podría acreditar la aplicación por el Gobierno en funciones del ciento cincuenta y cinco, mas que, en cualquier caso, es una cuestión «discutible, que se podría poner en cuestión y sería objeto de recurso».

Por esta razón, estima que «aun pudiendo justificarse el ciento cincuenta y cinco con relación a el artículo setenta y ocho.2, es más claro, menos controvertible y con exactamente los mismos efectos, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional» en nuestros días actual.

La catedrática Teresa Freixes asimismo coincide en que al estar disuelto el Senado, su Diputación Permanente puede suplirlo, «pues tiene la función de hacerlo cuando la Cámara está disuelta»; y, conforme con el mencionado artículo setenta y ocho de la Constitución, «asume las competencias que pueda tener la Cámara, incluyendo el control sobre los estados inusuales, con lo que bien podría actuar para la aplicación del artículo 155».

Por su lado, Teresa Martínez Díaz, maestra de Constitución De España de la Universidad Nebrija, una parte de la premisa de que el presente escenario, con un Gobierno en funciones y en precampaña electoral, «no es el más conveniente para aplicar el citado artículo» ciento cincuenta y cinco. No obstante, agrega que, llegados al punto de tener que recurrir a ese precepto, «y si no se acaba optando por otros recursos legales como la Ley de Seguridad Nacional o bien los estados de excepción», sí sería posible asistir a este mecanismo constitucional «de defensa del Estado, en frente de la situación en Cataluña» que se vive actualmente. Su conclusión es clara: no hay una prohibición expresa a la aplicación del ciento cincuenta y cinco por la parte de un Gobierno en funciones, ni de la Diputación Permanente del Senado. Y, seguidamente, «se desprende del espíritu de la Ley, y sobre todo del los pies en el suelo, que el Estado debe poder defenderse en todo instante de posibles ataques, inclusive con un Gobierno en funciones».

Una opinión absolutamente contraria sostienen otros especialistas en Derecho Constitucional, como María Isabel Álvarez Velez y Sabela Serrano, catedrática de la Universidad Comillas ICADE y maestra del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de la capital española, respectivamente.

De este modo, Sabela Serrano mantiene que en la actual situación no es viable la aplicación del ciento cincuenta y cinco por el hecho de que «el Senado, cuya mayoría absoluta se requiere, está disuelto y su Comisión permanente no la tiene entre sus funciones». Si la Constitución, agrega, hubiera previsto tal podría haberlo añadido en la redacción de semejante precepto, tal y como se hizo en el artículo ciento dieciseis de la Constitución, donde sí se prevé de forma taxativa que la Comisión Permanente del Congreso pueda aceptar las competencias de la Cámara Baja, si esta se halla disuelta, para poder declarar los estados de alarma, salvedad o bien lugar si se dieran las situaciones que lo justificasen. Lo que el Gobierno sí tiene potestad y puede hacer llegado el instante, asevera, es aplicar inmediatamente la Ley de Seguridad Nacional.

La catedrática María Isabel Álvarez tampoco tiene dudas al respecto: «Si el Senado está disuelto, no se puede aplicar el ciento cincuenta y cinco. La demanda de la Constitución es que la propuesta del Gobierno sea aprobada por la mayor parte absoluta del Senado. La Diputación Permanente del Senado candela por los poderes de la Cámara en el caso de disolución, mas es forzar exageradamente la interpretación dejar que la Diputación Permanente intervenga en un tema de esta relevancia».

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