solo procuran que el Gobierno “corrija” la sentencia
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solo procuran que el Gobierno “corrija” la sentencia

El Tribuna Supremo se opone a que los líderes independentistas condenados en el juicio del “procés” se favorezcan de cualquier clase de indulto -total o bien parcial- al no estimar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

El tribunal que condenó a los 12 acusados por delitos de sublevación, malversación de caudales públicos y de desobediencia estima que las penas impuestas (de hasta 13 años de cárcel) no son desmedidas conforme con los hechos cometidos y destaca además de esto que no hay prueba alguna de arrepentimiento por parte de ellos. También, dejan claro que los razonamientos expuestos a favor de la medida por diferentes asociaciones y particulares “desenfocan el sentido del indulto por el hecho de que dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además de esto, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.

Para el Supremo el indulto “no puede presentarse como una segunda instancia frente al Gobierno” ni como “el último mecanismo” para arreglar la presunta transgresión de derechos esenciales y menos cuando se esgrime “una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida” por los llamados “presos del procés”. Una responsabilidad grupal “ligada por vínculos de coincidencia ideológica” que, conforme la Sala, “entorpece” la argumentación para extinguir esa responsabilidad por medio de la medida de gracia.

La Sala hace hincapié en que las razones esgrimidas pierden cualquier justificación “cuando se presenta “como presos políticos” a quienes han sido autores de una movilización “encaminada a trastornar unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en resumen, a imponer la propia conciencia en frente de las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

El informe -del que ha sido comunicante el presidente de la Sala Pena, el juez Manuel Marchena– precisa que la pena solo deja de ser precisa cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. La Sala resalta que “la constatación del fracaso” de los fines de prevención que persigue (eludir una posible reincidencia), “apreciable sin precisar mayores sacrificios argumentales” (en referencia a la carencia de arrepentimiento y a su insistencia en que lo volverían a hacer), fuerza a rehusar el indulto.

Mas el Supremo apunta que de ninguna forma se aferra “a concepciones ya obsoletas sobre el significado de la resocialización del penado”, especialmente cuando el condenado “no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos”. Eso sí, agrega -defiende- una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos “puede demandar a través de la imposición de una pena que la rotura de las bases de la convivencia jamás sea el fruto de una resolución unilateral, apoyada en la falsa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a edificar un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores”.

El tribunal resalta que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o bien utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o bien el más enclenque rastro de arrepentimiento”, ni tan siquiera “flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su demanda de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado”.

Tanto al ejercer su derecho a la última palabra en el juicio como en sus siguientes declaraciones públicas -remarcan los jueces- ha quedado patente ”su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo aun que la lucha por su ideales políticos -de indudable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la substitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”.

El Tribunal Supremo llama la atención sobre la “singular perspectiva que ofrece el presente caso, en el que ciertos que aspiran al beneficio del derecho de gracia son exactamente mandatarios políticos de los partidos que, hoy día, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Y lo hace al valorar el razonamiento de la Fiscalía de que el artículo ciento dos de la Constitución impide el “autoindulto” a miembros del Gobierno (lo que el Ministerio Público estima que incluye a los miembros de un ejecutivo autonómico como el que encabezaba Puigdemont en su instante).

Mas los jueces se desmarcan de ese discute y también insisten en que “no es a la jurisdicción penal a la que atañe el análisis de la concurrencia de los presupuestos normativos que legitiman una resolución gubernativo llamada a dejar sin efecto una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo”.

Sin embargo, sí precisan que cuando, como sucede en un caso así, las penas impuestas incluyen las de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, “las razones ligadas al cumplimiento de los fines de la pena y a la prevención especial” adquieren una relevancia “de la que no puede prescindirse”.

La Sala comprende que tampoco procede el indulto invocando una presumible desproporción de las penas. Y recuerda que el delito de sublevación que cometieron 9 de los 12 condenados supuso “un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”. Lo que estaba en juego, destacan, no era la preservación del orden público, “sino la firmeza de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática”.

Y con respecto al delito de malversación, los jueces considera “evidente” que en cualquier sistema penal democrático “la aplicación de fondos públicos a fines ilegales, a través de actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, forma un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad”.

Finalmente, el tribunal asimismo arguye por qué razón niega el indulto a los 3 ex- consellers que solo fueron condenados por desobediencia: “la ausencia de cualquier razón que fuerce a corregir” las penas impuestas, que no ven contrarias al comienzo de proporcionalidad.

El informe cita a Jordi Cuixart que en su contestación a la Sala asevera que todo cuanto hizo lo volvería a hacer pues no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las cuales el indulto se presenta como una solución inadmisible para la adelantada extinción de la responsabilidad penal”.

En verdad -agrega la Sala- expresan “una actitud antidemocrática” que acreditaría que cualquier ciudadano podría utilizar razones de conciencia y de compromiso social para “pulverizar las bases de la convivencia”, transformar en ineficaces las resoluciones judiciales y “sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico”, vulnerando de este modo los derechos esenciales de aquellos ciudadanos “que no comulguen con esos principios o bien esa conciencia individual”.

Aparte de Cuixart, solo el ex- conseller Santi Vila respondió al requerimiento del Supremo a fin de que se pronunciaran sobre las solicitudes de indulto. “Con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos definitivos para apoyar nuestro informe”, lamentan los jueces.

Y si bien los pronunciamientos de los condenados no lleguen a exteriorizarse en público con respecto a su parecer sobre los indultos o bien aun se llegue a sugerir un rechazo a medida “por lo que pudiese suponer de admitir un perdón con lo que se comprende que no ha de ser perdonado”, el tribunal sostiene que “la indiferencia o bien pereza, aparente y puramente fingida o bien real” ubica a ciertos condenados “en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe aguardar de quien aspira a ser indultado”.

Y con respecto a la solicitud de amnistía de Cuixart, el tribunal se muestra concluyentes y recuerda que esta medida, que está “justificada en instantes políticos de transición de un sistema totalitario cara un régimen democrático”, se ha traducido “en no pocos casos” en un medio “hecho servir por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.

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