son “independientes y enormemente cualificados”
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son “independientes y enormemente cualificados”

El Tribunal ha emitido un comunicado en el que insiste en que sus miembros son “independientes, inamovibles y enormemente cualificados”, tras las críticas a Margarita Mariscal de Gante por su papel en la causa del ‘procés’.

Este miércoles el Tribunal de Cuentas comunicó a los ex- altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña acusados de desviar fondos para promocionar el independentismo en el extranjero que tienen quince días de plazo para depositar los cinco con cuatro millones de euros que les demanda en término de fianza para asegurar que pueden hacer en frente de una ocasional condena.

Múltiples de sus miembros y, de forma especial, la exministra del Partido Popular Margarita Mariscasl de Gante, han sido objeto de ataques por su papel en la causa del ‘procés’. Por esta razón, el Tribunal ha emitido un comunicado en su defensa en el que insiste en que sus miembros son “independientes, inamovibles y enormemente cualificados”.

Las críticas arrecian entre aquellos que consideran que proseguir con este procedimiento pone palos en las ruedas al proceso de reconciliación que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña. El indulto no puede lograr más que a las causas penales, con lo que los líderes independentistas no pueden ser exonerados de sus responsabilidades civiles.

Frente a las noticias que vienen apareciendo en ciertos medios, afirma ese comunicado, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo ciento treinta y seis de la Constitución De España) que disfruta de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido solo al ordenamiento jurídico.

Ejercita con carácter supremo la función fiscalizadora del campo público, de naturaleza primordialmente técnica, conformemente con reglas y procedimientos de auditoría acordes a las reglas internacionales para el ejercicio de esta función. Los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser cambiados por otras instancias, ni recurridos. El receptor primordial de tales informes son las Cortes Generales.

Además, sigue sus explicaciones, el Tribunal de Cuentas ejercita una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para conseguir la restitución de los fondos públicos ante usos incorrectos de exactamente los mismos.

“Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Corporación son escogidos por mayorías cualificadas de 3 quintos de los plenos del Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes y también inamovibles de conformidad con la Constitución. El personal está integrado por profesionales enormemente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”. Su misión, concluye, es contribuir a fomentar la buena administración y resguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.

Los doce consejeros de este órgano son escogidos por el Congreso y el Senado por mayoría de 3 quintos entre censores jurados de cuentas, jueces, abogados o bien economistas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Hasta el momento Partido Popular y Partido Socialista se han repartido los puestos por pacto para un orden de 9 años, a lo largo de los que son inamovibles.

El foco está puesto sobre Margarita Mariscal de Gante, consejera y exministra de Justicia bajo el Gobierno de José María Aznar. En dos mil diecinueve votó en favor de librar a la exalcaldesa de la villa de Madrid Ana Botella y a 7 altos cargos de su gobierno de la condena a abonar veinticinco con siete millones de euros de por vender mil ochocientos sesenta residencias públicas protegidas a un fondo buitre a un coste bajo mercado.

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