Leyes dos mil veinte
Nacional

Un poder legislativo recluído

La parálisis legislativa que vive este país es alarmante. Es el síntoma de un inconveniente considerablemente más profundo: el del declive del poder legislativo frente al poder ejecutivo. Esta parálisis, lejos de haberse revertido en los últimos tiempos se ha aumentado, pese a la promesa que hiciese desde la tribuna del Congreso el presente presidente del Gobierno en la petición de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ejercita, desde el momento en que fue ungido Presidente, como un legislador nato. Su ritmo para dictar leyes que manan del Ejecutivo es furioso, aun, mefistofélico. Un total de treinta y nueve decretos leyes fueron dictados por su Gobierno en dos mil veinte, algo inaudito.

4 procesos votantes y una pandemia han dibujado un panorama verdaderamente bastante difícil para aprobar leyes. El año de la reiteración electoral, dos mil dieciseis, fue el menos productivo desde el punto de vista legislativo de la Democracia. Solo se aprobaron diez leyes en frente de las ciento quince del año mil novecientos ochenta. Es verdad que al comienzo de la Transición fue preciso desarrollar un nuevo marco legislativo acorde con los nuevos tiempos, mas sirve para ofrecer una radiografía limpia de la parálisis legislativa en la que estamos atascados. En dos mil diecisiete el Congreso solo aprobó trece leyes. Fue el año con menos desde mil novecientos ochenta y dos. Solo en dos mil cuatro y dos mil ocho –con 7 y 6 leyes, respectivamente–, cuando ganó José Luis Rodríguez Zapatero, España vivió años legislativos más pobres. dos mil dieciocho se saldó con 16; dos mil diecinueve, 8 leyes y el año pasado, 14; entre ellas la reforma educativa, famosa como Ley Celáa y la Ley que despenalizó la eutanasia.

Leyes dos mil veinteT. Nieto

Mientras que se atasca el poder legislativo, la aprobación de leyes que manan del Ejecutivo se dispara de forma alarmante. Finalizado el primer año de alianza, con el menor apoyo de todos y cada uno de los gobiernos constituidos en las 14 legislaturas, –167 miembros del Congreso de los Diputados a favor y ciento sesenta y cinco en contra–, su labor se aventuraba difícil, no obstante, la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma a lo largo de 14 semanas y más tarde prorrogado desde noviembre hasta mayo, han tolerado al Ejecutivo de Sánchez regir con la mayor concentración de poder que ningún otro gobierno ha gozado hasta el instante. A la coyuntura inusual de la crisis sanitaria, hay que sumar el confinamiento total o bien parcial del resto de poderes: el judicial y legislativo.

En este sentido, a pesar de existir una falsa sensación de furiosa actividad en el Graderío, la verdad es que la enorme mayoría de la regulación aprobada a lo largo de dos mil veinte mana del Ejecutivo que ha abusado de los R. D.. De esta forma, en dos mil veinte se aprobaron un total de treinta y nueve decretos, que ubican al presidente Sánchez como el incontrovertible «rey del decreto» puesto que a lo largo de los 6 primeros meses de gobierno no ha habido prácticamente una semana en la que el BOE no haya llevado cuando menos uno.

La Constitución establece que el R. D. se reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» pues deja facilitar al límite los plazos y el discute parlamentario puesto que entra en acción de manera inmediata tras su publicación en el BOE, generalmente tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Bajo este paraguas se han aprobado decretos ley como el del estado de alarma, el ingreso mínimo vital, los ERTE , el del trabajo a distancia, los desahucios y más últimamente las medidas para hacer frente al Brexit.

Otra consecuencia de la pandemia ha sido el confinamiento del Congreso que ha derivado en una genuina sequía legislativa en tanto que a lo largo de los meses de marzo y mayo se paralizaron todas y cada una de las ideas parlamentarias y todas y cada una de las proposiciones que no tuviesen que ver el coronavirus. En verdad, a lo largo de las catorce semanas que estuvo en vigor el estado de alarma no se abordó prácticamente otro tema que no estuviese relacionado con la urgencia sanitaria, excepto los decretos del Ejecutivo.

Cuando el Congreso comenzó a reanudar su actividad en el mes de abril lo hizo bajo el mínimo puesto que la presencia de los miembros del Congreso de los Diputados se redujo y la enorme mayoría asistió telemáticamente. No en balde, asimismo en aquel momento la pandemia ocupó la mayor parte de los debates, en especial la ampliación del estado de alarma.

Con la intención de la época de verano y el comienzo del nuevo curso, se reanudaron ciertas leyes que se metieron en el cajón. La más importante: los Presupuestos Generales del Estado. Fue entonces cuando la maquinaria legislativa se desengrasó y funcionó a toda marcha para aprobar las Cuentas antes que concluyese el año. De un día para otro, esos debates que fueron paralizados por los decretazos volvieron a la Carrera de San Jerónimo, patentizando que si hay voluntad, hay discute legislativo. Algo similar sucedió con la reforma de la Ley de Educación o bien la Ley de Eutanasia. En cuestión de semanas, el Graderío recobró su vida, no obstante, jamás abordó otras propuestas urgente como la reforma de las pensiones.

Para finalizar, otro motivo que explica esta alarmante parálisis legislativa es el multipartidismo y la complejidad para sumar mayorías. Con la llegada de los nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos y Vox) desapareció el bipartidismo y con él la estabilidad para llegar a pactos. El desembarco de los nuevos partidos ha hecho saltar por los aires el sistema político tradicional muy habituado al juego de mayorías. El Ejecutivo realizaba leyes y las mayorías parlamentarias las aprobaban con pequeñas enmiendas o bien retoques de los nacionalistas si sus votos eran precisos. Ese escenario es ahora más volátil. Con Esquerra Republicana y Bildu como asociados, el coste es más alto. Más presupuesto para Cataluña, reforma de delitos penales, acercamiento de etarras… es el cambio de fichas en el que se ha movido el Ejecutivo cuando no ha aplicado un decretazo.

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